Malas contrataciones y licitaciones

La compra frustrada de 3 taladros para YPFB ha vuelto a poner en tela de juicio las contrataciones del Estado para obras y servicios. En muchos casos se trata de proyectos faraónicos y desproporcionados, sin siquiera tener mercados con probabilidades de colocación. Un ejemplar de este tipo -entre muchos otros- es la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo, precisamente a gran distancia del Brasil, esperanzado comprador, flujo que además depende de un tren a Montero abandonado por una empresa china. La lógica de esta ubicación es favorecer al Chapare, principal base de sustentación del presidente del Estado Plurinacional

Pese a la licitación de estos trabajos por entidades autárquicas, las mismas, por lo general, incurren en defectos o son sospechadas de corrupción. El Gobierno Central recurre a invitaciones directas, abriendo ancho margen a la corruptela, y dejando de lado la imagen de una buena administración de la cosa pública.

Al parecer en ese nivel no se tiene el cuidado de conocer la solvencia técnica, económica y de personal adecuado de las empresas favorecidas, de modo que se garantice una ejecución duradera. Por estos motivos tales firmas subcontratan a empresas nacionales incipientes que no cuentan con la capacidad ni la experiencia necesaria, salvo, claro está, algunas excepciones. Este aspecto resalta sobre todo en las obras camineras que a poco de su inauguración delatan desperfectos casi inmediatos, como sucede con la doble La Paz-Oruro, por ejemplo. Los supervisores, bien gracias, y jamás se sabe de la responsabilidad que les corresponde ni del precio de sus servicios.

Tenemos grandes complejos como el azucarero de San Buenaventura, pero sin contar con caña, materia prima que asegure una producción acorde con su capacidad instalada. Esta imprevisión hace que los usuarios desconozcan las bondades o deméritos del producto. Por otro lado, se contempla obras abandonadas por los contratistas. El caso más reciente es el de la firma Corsán Corviam, que dejó la carretera San Buenaventura-Ixiamas apenas con el 25% construido. Este daño abarca a las subcontratistas, a las poblaciones concernidas y, en suma, al departamento de La Paz, cuyo atraso se agrava más porque la misma empresa española abandonó la hidroeléctrica de Miguillas, viejo anhelo paceño hasta ahora frustrado.

Volviendo a la adquisición de 3 taladros por Yacimientos a la firma Drillmec y descubierto el entuerto -del que se dice que no se desembolsó ni un centavo- como de costumbre se imputa a 16 funcionarios medios con el solo argumento de que formaban parte de la comisión de licitación. Se detiene a cinco de éstos y la fiscalía no cita a quienes por su jerarquía invisten la mayor responsabilidad. Es el caso de Guillermo Achá, Presidente de YPFB, quien curiosamente no firmó los contratos. Este extremo no puede sino invitar a sospechar premeditación, siendo la principal evasiva de esta máxima autoridad. Se le denuncia por haber ordenado el reajuste millonario del monto del contrato y, últimamente, por haber enviado al Directorio un informe carente de evidencias. No obstante, goza de las bendiciones del Órgano Ejecutivo y por tanto es intocable.