Vecinos censuran movilizaciones

El bloqueo de las principales vías de acceso al centro de la ciudad y hacia la laderas realizada ayer por loteadores y activistas políticos, en rechazo a la Ley 233/17, de ordenamiento y fiscalización de construcciones irregulares, provocó la protesta ciudadana por la injustificada medida de protesta, que generó graves perjuicios a la urbe paceña.

Reducidos grupos de gente en distintas áreas se movilizaron desde tempranas horas para impedir la libre circulación vehicular y peatonal, argumentando la inconstitucionalidad de la Ley Autonómica Municipal 233/2017, que determina la Fiscalización Técnica Territorial. Entre sus contenidos, plantea sancionar a loteadores y a la construcciones de inmuebles con más de cinco plantas, pero que están fuera de norma.

La molestia ciudadana, según evidenció EL DIARIO, llegó a adjetivar la movilización como “bloqueo con escolta”, debido a que a pesar de ser reducido el número de personas que obstruían la circulación peatonal y vehicular, afectando el asfalto con la quema de llantas, estas no fueron retiradas de la calzada.

Las autoridades municipales calificaron la actitud de los bloqueadores como actos políticos organizados por Jesús Vera activista y militante del Gobierno, quien manipula la información municipal con fines políticos y personales.

De acuerdo con los procedimientos y para tranquilidad de los dueños de inmuebles, la reglamentación de la Ley 233/17 diferencia a las construcciones privadas de naturaleza social, planta baja y tres pisos, que atienden necesidades familiares, las mismas que están exentas de fiscalización, aclaró el secretario municipal de Planificación para el Desarrollo, Marcelo Arroyo.

“Las construcciones consideradas como viviendas sociales podrán ser sujetas a procesos de regularización a posterior, inclusive con la posibilidad de generarles catastros masivos”, remarcó el funcionario, luego de puntualizar que estos inmuebles están excluidos de las multas pecuniarias, demolición y medidas administrativas.

VIVIENDA SOCIAL

Entretanto, el activista Jesús Vera reiteró el persistente pedido de abrogar la Ley 233/2017 y las normas que emergen de esta.

Vera observa la terminología que utiliza la normativa municipal cuando se refiere a concepto de “vivienda social”, arguyendo que es utilizado por el Gobierno para proyectos de vivienda en el área rural.

NO ESTÁ EN VIGENCIA

Por otra parte, Arroyo aclaró que la Ley 233/17 no entrará en vigencia hasta que tenga el reglamento general correspondiente, documento en el que podrá tomarse determinaciones respecto a las construcciones vinculadas a avasallamientos y loteos. “Una vez aprobados los dos reglamentos, sólo entonces entrará en vigencia”, insistió la autoridad.

A su vez, el concejal Fabián Siñani refirió que la Ley 240/2017, de Complementación a la Ley 233/17, precisa los alcances de esta normativa, a fin de evitar malas interpretaciones o manipulación, aspectos que se puntualizan mediante el Reglamento de Exclusiones a la Ley Municipal 233/17, que fue aprobada en concertación con la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz, liderada por Edith Montenegro, y las asociaciones comunitarias y los Sistema de Control Social.

“Este último tiempo hemos destinado a concertar y discutir la ley con los legítimos representantes vecinales, ellos han comprendido los alcances de la Ley, nos han sugerido algunas mejoras y así lo hemos hecho. Estas personas que están bloqueado, al mando de Jesús Vera, son quienes tienen otro tipo de intereses, hoy más que nunca eso queda en evidencia”, puntualizó el concejal.

DEBATE LEGAL

El concejal de oposición, Jorge Silva (MAS), manifestó que existe falta de voluntad política, tanto de parte del Ejecutivo edil como de los dirigentes vecinales para resolver definitivamente este conflicto, a partir de un sincero análisis legal con todos los actores involucrados.

A decir de Silva, lo importante sobre este tema es resolver si la Ley 233/17 tiene o no vicios de inconstitucionalidad y si evidentemente afecta al vecino de a pie a diferencia de concentrarse en el interés político de Vera.

“Desde un punto de vista legal vayamos a ver lo que significa la Ley 233/17 para los paceños”, apuntó el concejal masista, tras señalar que es urgente no distraer del objeto del análisis, es decir si se trata de una ley preventiva, sancionatoria o si efectivamente ataca a los loteadores.