¿Sancionar a quienes denuncien desapariciones de personas?

En pasados días el comandante de la Policía, general Abel de la Barra, anunció que mediante el Ministerio de Gobierno trabajará en un proyecto de Ley para prohibir y sancionar las denuncias de desapariciones de personas que resultan ser falsas o incluso secuestros fingidos.

Es preocupante que tal aseveración sea de alguien que debiera conocer los derechos que tiene toda persona, de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es posible que el Comandante de la Policía Boliviana sea quien prohíba a padres de familia o familiares denunciar la desaparición de menores o adolescentes, bajo el argumento “de que se fueron por voluntad propia”. Y es que la Policía Boliviana y todas las instituciones del Órgano Ejecutivo están para garantizar la seguridad de la población y no solo para ser una instancia de represión o coerción.

Quién en su sano juicio va a pensar que su hija o hijo no llega a su casa “porque puede ser que no esté desaparecida o se fue por propia voluntad”. Toda persona tiene derecho de hacer la denuncia correspondiente, cuando alguno de sus hijos no llega a su casa y no existe contacto con él o ella, porque al estar fuera del núcleo familiar, son presa fácil de la Trata y Tráfico de Personas. Por lo tanto, al prohibir que denunciemos, solo se convierten en cómplices de esas organizaciones criminales y no es la forma de reducir el índice de criminalidad.

La Policía Boliviana y sobre todo las instancias de Investigación, como es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tienen la obligación de cumplir su función de investigar, lograr resultados confiables y concretos y no de buenas a primeras solo presumir que todos los jóvenes son mentirosos y su desaparición es por “voluntad propia”.

En Bolivia y a nivel mundial la Trata y Tráfico de Personas es uno de los delitos mejor organizado, cuya mercancía, que son las personas, es vendida de mano en mano, sin dejar rastro, utilizando justamente la desaparición de este grupo de población vulnerable, como son niños, niñas y adolescentes.

Los resultados de un proceso de investigación inconcluso por parte de la Policía, también son cuantificables, como el caso de Zarlet Clavijo, de quien en este mes se cumple cinco años de su desaparición. La madre de ella, Marcela Martínez, dio a conocer que en más de tres ocasiones la policía dio falsas investigaciones, falsos datos, para hacer creer que Zarlet estaba internada, luego muerta al frente de su casa, que se fue con su enamorado, que escapó de su madre por voluntad propia. Lo cierto es que hasta la fecha no se logra dar con la joven desaparecida. Así las familias no logran ser resarcidas, debido a falsas investigaciones, a hipótesis que nunca se cumplieron.

El comandante de la Policía, general Abel de la Barra, habla de que la Policía invierte en las investigaciones, aspecto que sorprende, porque todo litigante sabe, ha sufrido en carne propia, que la familia es la que invierte no solo en la elaboración de los folders para hacer conocer la denuncia ante la Felcc, sino que paga para la distribución y colado de las hojas. Y si se sospecha que el menor o adolescente está en el interior del país, es la familia la que corre con los gastos.

Por eso en la ciudad de La Paz se creó la organización de familias de personas desaparecidas, la misma que a la fecha incluye a 30 familias, cuyo número fluctúa, hasta que logran dar por sus propios medios con las adolescentes desaparecidas (a las que en algunos casos las dejan dopadas), después que la sociedad mediante las redes sociales logra mayores resultados que la misma policía. Por lo tanto, los comandantes de la Policía Boliviana no deberían prohibir las denuncias que hacen con angustia padres de familia u otros familiares por la desaparición de personas, así éstas elijan erradamente salir de las casas donde viven.

La autora de esta nota es Licenciada en Comunicación Social.