Gerente legal de YPFB Andina niega participación en contratos

La gerente legal de YPFB, Carmen Telleria, fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Miraflores con detención preventiva, dentro del caso de Taladros YPFB –Drillmec, donde niega haber participado en el proceso de adjudicación del contrato para la compra de tres taladros; esto, pese a que no supo explicar cuál era la razón por la que trataba de abandonar el país, el sábado cuando fue detenida en la frontera con Argentina.

La detención fue ordenada por la juez cuarto anticorrupción de La Paz, Melina Lima, quien ya ha determinado la detención de otros seis funcionarios.

NO ES FUNCIONARIA

La aprehensión de Tellería causó confusión, pues la misma es dependiente de “YPFB Andina S. A.”, compuesta por accionistas privados entre ellos, Repsol, YPFB y socios minoritarios.

En efecto, según la verificación que realizó EL DIARIO, en la página web de la Contraloría, Tellería no figura como funcionaria pública.

Ese fue el primer argumento presentado por Pablo Pareja, abogado de Tellería, quien le reiteró a la juez, que presentaría un incidente por defectos absolutos en la imputación, señalando que al no ser funcionaria pública no concurren los delitos imputados, sobre uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

INDICIOS

En contraparte, al inicio de la audiencia cautelar, la comisión de fiscales conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla afirmó que Tellería fue nombrada por “todos los imputados” como una persona que influyó en el proceso de licitación y en la firma de contrato por 148 millones de dólares, que favoreció a la italiana Drillmec.

Entre los indicios, los fiscales señalaron que Tellería “aprobó” a la gerente corporativa legal de YPFB, Cynthia Novillo, (detenida en el COF de Obrajes), la implementación de seis enmiendas a la licitación que se lanzó para la compra de los taladros.

También presentaron una relación de reuniones en la gerencia de YPFB, a las que asistió Tellería, pero cuyo nombre no figura en los reportes oficiales. Para el fiscal Terrazas, este hecho evidencia el favorecimiento (protección) que recibe desde el interior de YPFB y adelantó será verificado más adelante.

La Fiscalía afirmó que el ingeniero David Pérez, uno de los siete detenidos en este caso, declaró que Tellería le pidió reunirse para hablar sobre el contrato y ofreció beneficiarlo en el proceso disciplinario, que se abrió en su contra. Además, que el contrato también fue elaborado por la imputada junto al asesor legal (también detenido), Julio Kjari.

Del mismo modo, según la relación de hechos que presentaron los fiscales, se estableció que el Tellería incurría en todas actitudes con “autorización” del presidente de YPFB, Guillermo Achá, argumento reforzado por la declaración del vicepresidente (suspendido) de la Estatal, Jorge Sosa, quien prestó su declaración ayer.

JUSTIFICACIÓN

Tellería fue abogada de planta en YPFB Refinación, cuando Achá fue designado como presidente, en 2015 ella fue nombrada como directora legal de YPFB Corporación hasta el tercer trimestre de 2016, para luego pasar a desempeñar funciones como gerente legal de YPFB Andina, cargo que ocupó hasta que estalló el escándalo de Drillmec.

En la audiencia, la juez concedió la palabra a Tellería y la misma paso a desvirtuar algunos elementos confusos, pues explicó que ella no participó ni en el proceso de licitación ni en la firma de contrato.

Detalló a la juez Lima, citando una serie de normas internas de YPFB, que ella participó en la “administración de contrato”, que inicia luego de la adjudicación y es evidente que pidió informes, pero lo hizo en fechas posteriores a la firma del contrato.

Pese a estos argumentos, y que pidió ser remitida a Santa Cruz, porque ella no tiene familia en La Paz, la juez Lima la envió a Miraflores, luego de que fuera traída desde Tarija en la frontera con Argentina.

En este sentido, la defensa presentó la apelación respectiva, luego de que no lograra desvirtuar ningún riesgo procesal.