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El ambiente político boliviano empieza a agitarse de nuevo y anuncia un recrudecimiento de apuestas contra el propósito reeleccionista del presidente Morales y la mirada puesta en los comicios generales dentro de dos años. A los pronunciamientos periódicos de organizaciones políticas se ha sumado estos días el del MIR, cuyo jefe nacional Jaime Paz Zamora vino a Santa Cruz y afiló las espadas para la lid. Entre las más aceradas figuran la justicia y la administración de los recursos del Estado, con acento en las oportunidades ignoradas para una gestión que pudo haber dejado huellas perennes.
Con la recuperación de la identidad política de su partido ante el CNE en puertas, Paz Zamora cree que nada bueno saldrá de la confrontación verbal con Chile. Al reiterar que “La Haya no nos dará mar” dice que la fase tras el fallo del tribunal de justicia será la negociación. Al igual que muchos especialistas, cree que la mesa para trabajar está lejos de ofrecer condiciones indispensables para un diálogo de esa trascendencia.
Al presentar una obra con apuntes sobre la historia de su partido (“La Hazaña de la Esperanza”), escrita por Susana Seleme Antelo y Rolando Aróstegui, el ex presidente destacó dos vertientes con las que Bolivia rompería su dependencia de los puertos chilenos. Ilo, en el sur de Perú, que ya está empalmado por carretera hasta el Desaguadero, pero aún sin la infraestructura de un puerto marítimo, y Puerto Busch, la conexión atlántica que ofrece a Bolivia, con acuerdos de libre navegación suscritos hace un cuarto de siglo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la posibilidad de abrirse al comercio atlántico de manera soberana. “Con inversiones equivalentes a poco más de la mitad de lo gastado en el teleférico de La Paz, se podría haber construido una infraestructura portuaria moderna y una carretera asfaltada desde Puerto Suárez”, dijo a su audiencia. El trasfondo es saber cómo fue administrada la bonanza histórica de los precios de las materias primas.
En otro punto, que repercutió como un desafío, planteó al presidente escoger a los cien mejores jurisconsultos nacionales y proponerlos al Legislativo para designar al Poder Judicial. “Él mismo los designaría, pero nosotros y todo el país estaríamos vigilantes a las designaciones”. El guante que lanzó el 6 de junio no ha tenido respuesta todavía.
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