El portugués está molesto porque lo acusan de defraudar al fisco 14,7 millones de euros.
El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que tiene contrato en vigor hasta el año 2021, quiere abandonar el club tras ser acusado por el ministerio fiscal de defraudar 14,7 millones de euros al fisco español, según publica ayer el diario deportivo portugués “A Bola”.
El jugador estaría “muy indignado” por todo lo relacionado con el proceso por el que se le está investigando.
Incluso, Cristiano Ronaldo, que se encuentra concentrado con la selección de Portugal para la Copa Confederaciones de Rusia, habría comunicado la decisión al presidente del Real Madrid Florentino Pérez, siempre según el mismo medio. El entorno de Ronaldo habría asegurado al periódico que el jugador estaría interesado en otras ligas como la inglesa, francesa, la italiana o, incluso, la liga china. El círculo más íntimo del portugués habría manifestado al rotativo luso que él no quiere ser “víctima de una persecución” y tampoco “el payaso del circo”.
En la noticia, que copa la portada del periódico, explican que la decisión de abandonar España habría sido tomada hace dos o tres meses y podría hacerse pública tras un periodo de vacaciones que Ronaldo disfrutará tras la Copa de Confederaciones.
En el escrito de acusación, el ministerio público le acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros.
El jugador siente que se trata de una “injusticia”. La Fiscalía subraya que Ronaldo se ha aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento “voluntario” y “consciente” de sus obligaciones fiscales en España. Uno de los abogados portugueses de Ronaldo, António Lobo Xavier, defendió el pasado martes que la denuncia de la Fiscalía de Madrid se debe a una diferencia de criterios que no tiene base en ninguna ley y que Lobo Xavier explicó que Ronaldo declaró en 2014 los derechos de imagen obtenidos desde 2011 porque pensaba que era ese año cuando los tenía que declarar y no en ejercicios anteriores como defiende la Fiscalía.
EFE
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