[Humberto Vacaflor]

ECONOMÍA Y FINANZAS

Males de YPFB


La empresa estatal del petróleo, esa que se creó tras la Guerra del Chaco, fue sacudida ayer con el cambio de su presidente, Guillermo Achá, por Oscar Barriga, el octavo presidente interino de la empresa en este gobierno.

 

El precio del petróleo llegó a su nivel más bajo en 6 meses tras la noticia de que los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que aún están autorizados a incrementar sus exportaciones lo han hecho. A principios de año, la OPEP y Rusia decidieron reducir sus exportaciones para elevar el precio del petróleo. Algunos miembros de la OPEP como Irak, Libia e Irán están exentos de la reducción.

El FED de Estados Unidos, el equivalente al banco central, elevó la tasa de interés referencial en 25 puntos o 0,25%. El resultado ha sido una reducción del precio del oro y otros metales preciosos. Las expectativas internacionales son dispersas. Algunos inversionistas consideran que el oro podría recuperar su valor antes de fin de año y alcanzar por lo menos los 1.300 dólares la onza troy, si se desata una crisis en Estados Unidos o Europa.

Indonesia y Myanmar siguen mostrando aumentos en los niveles de exportación de estaño a nivel mundial. Las inversiones en minería realizadas durante el boom de las materias primas empiezan a dar resultados y las nuevas minas empiezan a entrar en producción. Esto sumado a la reducción en el ritmo de aumento en el consumo resultó en una reducción del precio del estaño. Aún no está claro si el mercado mundial aún se mantiene con déficit de estaño.

Antes de Achá, ocuparon el cargo Jorge Alvarado, Juan Carlos Ortiz, Manuel Morales Olivera, Guillermo Aruquipa, Santos Ramírez y Carlos Villegas.

El señor Achá, de profesión desconocida, aunque no es ni ingeniero geólogo ni petrolero ni administrador de empresas, está fuera del cargo. Pero seguramente reciba algún cargo público, como hace el Gobierno con todos los que debe quitar de en medio.

El presidente Morales dijo, al cambiar de interinos, que sólo “algunos medios” hacen creer que hay corrupción en YPFB. Sin embargo, pidió al señor Barriga revisar todos los contratos.

El escándalo de los taladros, comprados en US$ 148 millones, había perforado la credibilidad de Achá y la de sus mandantes, que por el momento siguen sin dar la cara, aunque es previsible que lo hagan cuando, en futuras circunstancias, la justicia cumpla su rol.

Tan agobiado estuvo Achá con el caso taladros que ha olvidado informar si procedió a contratar a la empresa verificadora de las reservas de gas, como se lo había ordenado una “autorización” totalmente innecesaria del directorio de YPFB. Innecesaria porque el reglamento de la empresa dispone que todos los años se haga ese trabajo, que no se realiza desde 2013.

Lo que deja a la empresa, ahora manejada por el señor Barriga, a ciegas respecto de las reservas con que cuenta. Si fueran menos de 5 TCF, como sospechan algunos expertos, el país estaría a punto de consumirlo todo, aunque en este caso nunca se llega a extraer hasta llegar al fondo.

Los indicios que existen sobre las reservas son los gestos de desconfianza de Argentina y Brasil sobre el futuro del negocio de compra-venta. Argentina se niega a firmar un contrato para la compra de energía termoeléctrica, porque, si Bolivia no puede cumplir con los envíos de gas, cómo podría esperarse que cuente con el gas para una planta generadora, como dijo el embajador. Y Brasil ha hecho decir que quizá no firme un contrato de ampliación del que fenece en 2019, porque se está haciendo autosuficiente y en 2021 recibirá de los yacimientos pre-sal en el Atlántico todo el gas que necesita.

Sólo queda que los bolivianos se pregunten sobre las garantías de una provisión segura. Son 14 millones m3/d que consume el país y si las reservas se agotasen, sería necesario importar el gas, lo que se podría hacer usando los mismos ductos que ahora se usan para exportarlo.

El Cedla asegura que los impuestos para las petroleras son de solamente 27%, pero ni esto es suficiente para atraer la inversión que ahora se necesita para reponer las reservas.

El Gobierno dice estar empeñado en crear las condiciones para garantizar el autoabastecimiento alimentario, a fin de evitar las importaciones y dar empleo a los bolivianos.

La semana pasada volvieron los avasallamientos de predios privados en Santa Cruz por parte de grupos de invasores que llevan banderas azules, según denunciaron los dirigentes ganaderos.


Colapso intencional

El representante de las pocas empresas privadas que aun operan en Venezuela Juan Pablo Olalquiaga, dijo que desde 2003 se han expropiado 1.300 empresas en su país. Venezuela pasó de tener unas 12.000 industrias en 1997 a solo 4.000 en 2017 aseguro Olalquiaga en la 55° Asamblea Anual de la Asociación de Industriales Latinoamericanos.

Desempleo en Argentina

Las nuevas estadísticas oficiales de Argentina que ya no son sujetas a manipulación muestran que el desempleo llegó a 9,2% en el primer trimestre; 2016 cerró con 7,6% de desempleo. El Gobierno asegura que la cifra es estacional y que los primeros trimestres suelen tener mayor desempleo como el año el primer semestre de 2016 el desempleo fue mayor.

Millonarios peruanos

Hay 7.259 millonarios en dólares en Perú, es el 0,11% de la población. El número de millonarios aumentó en 1,3% con respecto a 2015. La cifra fue publicada en el Informe Global de Riqueza del Boston Consulting Group que asegura que hay 31 familias que cuentan con más de 100 millones de dólares en activos líquidos.

Lo bueno

Es que Senasag ha hecho conocer una lista de seis requisitos que deben cumplir quienes quieren internar alimentos al país, a propósito del caso de una leche de dudosa elaboración en el exterior.

Lo malo

Es que los trámites que deben hacer los importadores ante el Senasag son tan largos y engorrosos que se dan casos en que los productos entran al país cuando están con fechas vencidas o a punto de estarlo.

Lo feo

Es que esos requisitos sólo se aplican a las importaciones legales, que se hacen con todas las de la ley pero que comprenden a menos del 20% de todos los alimentos que ingresan al país.

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