Incongruencias del Defensor del Pueblo

Es alarmante cómo la política partidista puede influir en la misión encomendada a una persona. Este es el caso del Defensor del Pueblo que desde que inició las funciones encomendadas, contraría todo lo que debería hacer en la posición que tiene y que es defender efectivamente todas las causas justas de la comunidad nacional.

Últimamente, debido a la huelga médica, ha mostrado su incondicionalidad con el régimen de gobierno, aunque era sabida su posición de ser militante o partidario del partido que encabeza el Presidente de la República y que obedece claramente a políticas de extrema izquierda desconociendo los derechos de la comunidad.

Condenar la huelga médica y hasta no reclamar para que sea respetado el derecho a la huelga -un derecho consagrado por la Constitución Política del Estado- es atentatorio y, si el gobierno o cualquier autoridad insistieran en el extremo de limitar o cancelar el derecho a la huelga, cometerían un delito. Los derechos ciudadanos, pese a que no gusten a muchas autoridades encaprichadas con posiciones populistas y demagógicas, no pueden ser conculcados, limitados o suprimidos, porque son parte vital de la vida ciudadana; son derechos que nadie, por poder que tenga, puede evitar su cumplimiento.

El Defensor del Pueblo es totalmente incongruente con la posición que tiene y que debe cumplir con absoluta independencia y totalmente alejado de conveniencias político-partidistas. Él, por principio, está obligado a respetar la Carta Magna y las leyes sustantivas que rigen en la República; buscar o querer suprimir derechos constitucionales es contrario a todo principio moral y es mancillar el orden legal imperante.

Muchas veces en el caso de diversos asuntos planteados a la Defensoría del Pueblo, no han sido tratados con la equidad, ecuanimidad y sentido de justicia que debería; al contrario, se ha mostrado parcialidad con el gobierno, no tomando en cuenta que esas posiciones le hacen daño al propio régimen y, por supuesto, disminuyen el concepto de independencia que debe haber en quienes tienen la obligación de cumplir la misión de defender al pueblo sin tomar en cuenta credos religiosos, posiciones económicas, políticas o culturales de toda naturaleza. La defensa de la comunidad nacional tiene que estar libre de la acción, influencia o presión de la política partidista; permitir injerencias partidarias en la obra o misión que debe cumplir el Defensor del Pueblo es, simplemente, mancillar los principios más elementales de respeto y consideración que merecen los integrantes de cualquier comunidad.

El Defensor del Pueblo tiene que ser coherente y respetuoso con el cumplimiento de la Constitución y las leyes; no puede tergiversar su función por razones partidistas o de cualquier naturaleza y menos negar el derecho a la huelga, extremo que, cumpliendo las reglas para su ejecución conforme a las leyes, es absolutamente legal y digna de adoptarse.