El fondo de los recientes bloqueos y atentados contra paceños y no paceños en nombre de los vecinos, es el revocatorio del alcalde Luis Revilla, como alternativa si las presiones desatadas no determinan su renuncia. Tal es la intencionalidad de la revuelta anti municipal digitada por Jesús Vera, de las filas masistas. Las instrucciones no pueden sino emanar de los adversarios de Revilla o sea del Gobierno Central. Se trata además de una vendetta política contra el disidente, hasta hace pocos años aliado del MAS. Es que el alejamiento en política es un pecado que no admite absolución.
Reveladas así las cosas, la Ley Municipal 233 de Ordenamiento y Fiscalización Urbana no es sino una tapadera para soliviantar contra el Alcalde. ¿Quiénes conforman este levantamiento? Desocupados bajo el incentivo de algún dinero, el lumpen de la ciudad, los “loteadores” y sus gavillas, militantes del MAS y algunos vecinos sugestionados por el indicado Vera. Tampoco se omitió las consabidas “fichas”. Esta turba no se paró en chiquitas, encerrando, o mejor, secuestrando, a los funcionarios ediles del ex Banco del Estado y del Edificio Tobía y de los apersonados para trámites, fuera, claro está, de haber impedido el ingreso de los empleados a la sede principal.
En los lugares del bloqueo no hubo paso inclusive de ambulancias y de vehículos de limpieza urbana, constituyendo delito contra la salud individual y pública. Igualmente delictivo fue el referido encierro desde las 10 a las 21, hora en la que recién asomaron los uniformados para invitar con “guante blanco” a que se ponga fin al cautiverio.
Se temía que este hecho, bajo los efectos del alcohol, produzca un holocausto como el de la alcaldía de El Alto de febrero de 2016. Esta es otra prueba de que la oclocracia desbordada en las calles es la expresión misma del autoritarismo y de la violencia impune que el Gobierno mira complacido, sino los promueve. El azote de los bloqueos contra la ciudadanía paceña se abatió de lunes a miércoles al igual que toda la semana precedente, abusos que están hundiendo a La Paz en la estampida de las actividades económicas.
Es plausible una ley que sancione las construcciones fuera de norma y el avasallamiento de “loteadores”, pero es un error –por decir lo menos- que a 24 horas del primer bloqueo la autoridad municipal se retracte y desdiga de la medida adoptada, para dejar a las edificaciones de hasta 4 o 5 plantas exentas de sanciones y, más bien, privilegiando a sus inversionistas. Toda construcción fuera de norma debe conllevar alguna sanción proporcional a su importancia y en casos sociales otorgarles facilidades, pero el concepto o es general o es simple pose para “dejar hacer y dejar pasar”.
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