Juntas vecinales elegidas por usos y procedimientos

Las juntas vecinales resultan organizaciones propias de la sociedad civil, por lo que son los pobladores quienes tienen que organizarse en un ámbito de legitimidad para ser verdaderamente representativos. Este importante tema que hace a la representación de los vecinos, no responda a normas, sino al legítimo interés ciudadano.

El criterio corresponde al presidente del Concejo Municipal de La Paz, Pedro Susz, quien tras ser consultado acerca de mecanismos normativos que permitan disuadir las dirigencias vecinales paralelas, señaló la necesidad de eliminar criterios político-partidarios, asunto que no necesariamente está vinculado a las normas.

PARALELISMO

“Se debe evitar las participaciones interesadas de carácter político - partidarias que generan paralelismos y divisiones, que finalmente no afecta a las instituciones ni a los dirigentes, sino a los vecinos que no tienen una representación que tenga la fuerza suficiente para representarlos en los interés vecinales”, apuntó

En este sentido, señaló que la fractura en la representación de los dirigentes vecinales tiene que ver también con las malas prácticas dirigenciales, que no van a ser enmendadas por normas, sino por la propia sociedad que debe ordenarse en ese aspecto.

LEGITIMIDAD

Al respecto, el activista vecinal Jesús Vera, que recientemente lideró una movilización en la ciudad contra la normativa municipal 233/2017 de Fiscalización Territorial, afirmó ser presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, al amparo de una supuesta legitimidad otorgada por vecinos y no así por la legalidad que en este ámbito es la estructura orgánica de las juntas.

PARTICIPACIÓN

POPULAR

En criterio de Vera, con la abrogación de la Ley de Participación Popular se generó un vacío legal respecto de la elección de dirigentes vecinales y se dio curso al Organismo de Participación y Control Social que es la única instancia que establece la Constitución Política del Estado (CPE) como mecanismo de representación ciudadana.

Sin embargo, según el activista, este mecanismo ha perdido credibilidad ante la ciudadanía debido a la injerencia político partidaria.

“La juntas vecinales no tenemos una ley, se organiza por usos y costumbres hay un vacío legal, operativamente era reconocida por la Ley de Participación Popular pero tras su abrogación este aspecto ha quedado suelto”, afirmó.

Sobre este particular, el presidente del Legislativo edil señaló que la presencia y ámbitos de competencia del Organismo de Participación y Control Social es el único cuerpo de disposiciones que norma el proyecto de la Carta Orgánica Municipal, como un mecanismo que responde a una estructura, mientas que las juntas de vecinos es asunto de incumbencia de las propias organizaciones sociales.

DEMANDAS SOCIALES INSATISFECHAS

La presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Edith Montenegro, recientemente, señaló que la representación de las juntas vecinales se sustenta, fundamentalmente, en la participación activa de los vecinos desde sus propios distritos en los temas que le afectan directamente a su calidad de vida.

Actualmente, señaló Montenegro, la ciudad de La Paz tiene 600 juntas vecinales, cuyos representantes son elegidos por los propios vecinos y no desde facciones políticas, como se busca hacer ver a la actual dirigencia cuya gestión es de dos años.

A su vez, Vera, señala que de ese número de juntas vecinales, 380 son dirigencias activas porque representan a barrios con carencias cuya solución deben ser exigidas ante la comuna, mientras que las 220 representaciones, restantes, serían nominales, por cuanto responden a barrios con necesidades satisfechas.

“Es el caso de Miraflores y la zona sur, la señora Montenegro miente cuando dice que tiene la representación de todas las juntas vecinales”, señaló Vera, tras remarcar que la legitimidad de la dirigencia barrial emerge de los propios vecinos.