La corrupción en YPFB

A pesar de haberse reducido a ser apenas una empresa residual, desde hace algunos años, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sorprendentemente se cometen actos de corrupción.

Parece un exceso, pero se ha mencionado que en YPFB se procederá a auditar 5.000 procesos de contratación, es difícil entender que una empresa que dejó de ser productiva, para constituirse en apenas un ente administrativo, tenga que ver con tanta cantidad de contratos.

Sin embargo, resulta por lo menos incomprensible que el presidente Evo Morales censure a la prensa por referirse a actos de corrupción en YPFB, cuando el propio Ministerio de Justicia acaba de denunciar ante la Contraloría General las ilegalidades en las que se habría incurrido en la compra de tres taladros de exploración en el sector petrolero, cuyo costo ascendió a nada menos que 148 millones de dólares.

O sea que se trató de una compra millonaria y a pesar de que tuvo mucha difusión, no causó mayor preocupación en las autoridades superiores del Gobierno. Pero ahora resulta que por la vía judicial se dispuso la detención preventiva de siete exfuncionarios de la entidad estatal.

Todo esto sucedió con la compra de los tres taladros, pero sólo ahora se opta por auditar nada menos que 5.000 operaciones anteriores. Cómo puede explicarse que ante semejante cantidad de casos no hubiera habido siquiera una sospecha de las propias autoridades de YPFB y del Gobierno.

En estos casos, de acuerdo con la jurisprudencia, quien guarda silencio pese a conocer casos de corrupción, implícitamente se hace cómplice y, por tanto, merecedor de acciones penales por parte de la justicia. Y ese silencio e inoperancia se produjo en el caso de YPFB.

Pese a que Morales censuró a la prensa por informar sobre lo que ocurría en YPFB, resulta ahora que ordena tardíamente la revisión de todos los procesos de contratación en YPFB. Y sólo ahora se preocupa porque en esta entidad hay que aplicar un plan de austeridad.

En realidad, puede que resulte tardía la preocupación presidencial, pues YPFB desde hace años dejó de ser operativa, es decir de tener la misión de explorar y explotar los hidrocarburos. Si ahora que es una simple empresa residual induce al mandatario a revisar los contratos que firmó YFPB, cómo habrá sido su administración cuando era una empresa operativa.

Por esta y otras circunstancias, tampoco se justifica que YPFB, pese a ser empresa residual y contar aún con un edificio de 20 pisos, ahora esté a punto de estrenar un nuevo edificio de iguales o mayores proporciones, situado nada menos que en el céntrico paseo de El Prado.

Esto sinceramente es ya intolerable, es un derroche de dinero para edificar otro edificio, cuando al que tiene desde hace años le deben sobran los espacios, desde el momento que dejó de ser entidad operativa.

Pese a ello, ahora se dará el lujo de tener un edificio nuevo. Esto es ya el colmo, sólo puede explicarse porque con la construcción de un nuevo edificio se ha tenido que efectuar varios contratos y consiguientemente prestarse también a actos de corrupción. Aparte del elevado gasto que ha tenido que realizarse ¿Y para qué?

Este es un escándalo nacional que no puede quedar reducido a juicios de empleados altos o subalternos de YPFB. En los hechos, conmueve los cimientos de todas las entidades estatales, que administran buena parte de la riqueza nacional.

En la casa chica o en la grande, existen responsables, que en los primeros son los padres y en los segundos los gobernantes. En este último caso, la responsabilidad de lo que se hizo o se sigue haciendo, desde 2006, la tiene un gobernante que tiene que asumir la responsabilidad de todo lo que sucedió en su prolongada gestión, lo bueno y lo malo.

En el primer caso, corresponderá aplaudirle, pero en el segundo exigirle las cuentas del caso. Cuando se ocupa esa posición no es sólo para tener satisfacciones con el goce del poder, sino fundamentalmente responsabilidades con todo lo ocurrido y sigue sucediendo con la administración de los intereses públicos, como son las empresas fiscales y los organismos del Ejecutivo.

El periodismo apenas puede asomar las narices a algunos organismos públicos, pues la orden que tienen es de guardar reserva de cuanto hacen o no hacen. Cuando se va a formular preguntas sobre las acciones que se adopta o no en los organismos públicos, que por ser tales son de interés y responsabilidad de todos, algunos responden, pero la mayoría no, todo es reservado, como si fuera su casa propia.