Conversión fascista del chavismo

El pueblo venezolano crispado de cara al simbolismo chavista -que no bolivariano- y víctima del hambre y sin salud por el desabastecimiento de alimentos y medicinas, viene mostrando un alto grado de civilidad enfrentando a diario el monstruoso aparato represivo de Nicolás Maduro. Acosado éste por la marea humana, ha salido con la argucia de una Constituyente con el fin de cambiar la Constitución para absorber poderes extraordinarios en su persona -más de los que ahora detenta-, encerrando a los venezolanos con el cerrojo de una dictadura stalinista.

Es necesario traer a cuento que los sistemas europeos fascistas de antes de la Segunda Guerra Mundial se asentaban en el corporativismo, sistema político que retrotrayendo algunas instituciones de la Edad Media incorporaba a los gremios y las corporaciones. Entretanto, la democracia liberal se encontraba demasiado lejana en la historia, no obstante el fascismo tenía en cuenta a dichos factores sociales en materia consultiva y decisional, cuando era necesario. El corporativismo sirvió como sustituto de los partidos políticos y de los parlamentos emanados del voto, pretensión ahora acariciada por el régimen tambaleante.

El señor Maduro opta por una constituyente recurriendo a un complejo e inédito corporativismo, para convertir a los organismos sociales y a otros de su imaginación en “corredactores” de una nueva Constitución. No ve otra manera de anular a la actual Asamblea Legislativa de origen democrático y de aplastante mayoría opositora.

Imprimiendo un giro de 300 grados, el chavismo cae en una olímpica autonegación política obviando la soberanía popular. Si en los regímenes fascistas las organizaciones preexistentes eran tomadas en cuenta, en este remedo ideológico serán convocados sólo los organismos digitalmente señalados por la dictadura, a despecho de que el socialismo y la izquierda se consideran campeones del antifascismo.

La satrapía instalada en el Palacio de Miraflores, cree haber encontrado en la Constituyente amañada la mejor fórmula para vetar el voto universal contemplado en la Constitución aún vigente, poseída de temor pánico al veredicto popular porque lo sabe adverso y que significaría su tumba. Sin embargo, ese experimento constituyente puede ser importado por los gobiernos supervivientes del socialismo del Siglo XXI en América, cuando la desesperanza del turno de su erradicación los amenace seriamente.

La convocatoria a la Constituyente sui generis ha sido rechazada en principio por la valerosa Luisa Ortega, Fiscal General, por no adecuarse a la legislación venezolana y por no haberse consultado a la ciudadanía, mediante referéndum, si acepta o rechaza el proceso hacia una nueva Constitución. Ortega había demandado ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del cambio de Constitución y de la genuflexa decisión del Consejo Nacional Electoral de dar vía libre al decreto presidencial correspondiente.

Dando nueva muestra de su falta de institucionalidad el Tribunal Supremo denegó el recurso con el fútil e ilegal argumento de que la Fiscal General no está legitimada para plantearlo. Pero algunos magistrados de dicho Tribunal Supremo como Danilo Mujica, liberado de las cadenas, se dirigió a Maduro reclamando que la Constituyente “no es solución a la crisis” y que la única salida son “elecciones inmediatas”. Pese a las maquinaciones, los defensores de la legalidad no se dan por perdidos y siguen librando batallas en este plano.

Tenemos delante a algunos miembros de la propia estructura oficial que se desvinculan del chavismo opresor y profesan sus principios públicamente junto a su integridad ética republicana, actitud que frente al resto de sus paniaguados colegas significa un claro reducto de la independencia de poderes. Qué triste que en nuestro país no podamos apreciar a autoridades capaces de enrostrar los despropósitos de los gobernantes e intentar corregirlos.