Vías opcionales para no ocupar puertos chilenos

Las políticas de los gobiernos chilenos de poner trabas a todo lo que conviene a Bolivia, en franco incumplimiento del Tratado de 1904, son cada vez mayores y todo muestra que esas conductas no variarán. Muchas veces, en actitud conciliadora y con miras a tener por lo menos relaciones comerciales acordes con principios elementales de buena vecindad y en cumplimiento de un tratado, se ha buscado que disminuya en alguna forma el trato hostil; pero lo cierto es que nada cambia y que no puede continuar nuestro país soportando lo que no corresponde, lo que está fuera de todo trato humano y muy lejos de acuerdos comerciales que permiten realizar operaciones de importación y exportación utilizando puertos chilenos.

En diversas oportunidades, tanto este gobierno -como los anteriores- conjuntamente instituciones y empresarios, han analizado y llegado a la conclusión de buscar vías alternativas para evitar, lo más posible, utilizar puertos de Iquique, Arica o Antofagasta. Hay ofertas muy amistosas que nos permitirían contar con opciones muy interesantes y ellas provienen del Perú, Argentina, Brasil y Uruguay; pero, hay que lamentar y, a la vez, reprochar, que todo ha quedado en declaraciones y buenas intenciones del gobierno y de los empresarios.

En los últimos días, los empresarios “plantean vías opcionales que son: Matarani, Ilo, Puerto Busch y transporte ferroviario para llegar a puertos del Río de La Plata”. Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio anunció “acuerdos con Ilo y Matarani para desviar volúmenes iniciales de carga boliviana desde y hacia ultramar”; pero todo esto tiene que cumplirse, especialmente con la construcción de infraestructura necesaria, especialmente en Ilo.

Hasta el momento, solo podemos hablar de intenciones y, que se sepa, no se ha dado los pasos precisos para hacer efectivas las ideas o proyectos anunciados. El caso, pues, requiere el cumplimiento de varios pasos a darse: conclusión de la carretera La Paz-Ilo; construcción de la infraestructura necesaria y muchos otros detalles que es preciso encarar, teniendo en cuenta, además, que para todo ello se precisa la tenencia de los presupuestos financieros necesarios y, lógicamente, de los estudios precisos con intervención del Perú.

Las opciones señaladas serían las más prácticas, pero no quedarse en las buenas intenciones y los sanos propósitos. Gobierno y empresarios tendrían que ponerse de acuerdo para obrar consciente y responsablemente; de otro modo, todo quedará en nada y seguiremos siendo víctimas del gobierno chileno que, está visto desde siempre, obedece ciegamente las disposiciones de sus fuerzas armadas que, al margen de los daños ocasionados con la apropiación de nuestras costas, busca siempre el perjuicio en contra de Bolivia. Finalmente, es preciso entender que mientras más se tarde, más perderemos.