Según fiscal de Chile, el procedimiento abreviado no implica aceptar, reconocer, los delitos por los que fueron acusados.
El procurador general del Estado, Pablo Menacho, indicó que los nueve ciudadanos bolivianos que están detenidos en Chile se acogerán a un procedimiento abreviado, aceptando la propuesta que hizo anteriormente la Fiscalía de Tarapacá para solucionar el conflicto.
Consultado sí aceptarán la propuesta de la Fiscalía de Tarapacá sobre el procedimiento abreviado, el procurador respondió: “Exactamente vamos a ir (a un) procedimiento abreviado, que es un juicio corto, es contradictorio, donde los 9 bolivianos van a sostener su posición de plena inocencia y la fiscalía chilena seguramente sostendrá su posición”.
Menacho señaló que si bien el procedimiento abreviado en el país, es asumir la responsabilidad por los delitos que se los acusa, en el caso de la justicia chilena es un recurso para acceder a un juicio corto donde las partes defenderán sus posiciones.
Los 9 compatriotas están más de 90 días recluidos en la cárcel de Alto Hospicio de Iquique; mañana se llevará a cabo la audiencia en la Fiscalía de Tarapacá.
JUICIO
Menacho no quiso dar mayores detalles de lo que implica aceptar el procedimiento abreviado y cuál sería las sanciones, en el caso de que existiese, para los procesados.
“No quisiera adelantar escenarios posteriores a la audiencia de este martes (…) el proceso significa indicar de que el 19 de marzo hubo un evento en el que los funcionarios bolivianos estaban cumpliendo con su deber de luchar contra el contrabando”, señaló.
Sin embargo, Hardy Torres, fiscal del distrito judicial de Tarapacá, indicó anteriormente a medios de ese país que acordar un juicio abreviado no implica reconocer los delitos por parte de los acusados, por lo que existe la posibilidad que los funcionarios sean absueltos una vez concluido el procedimiento.
“Cuando uno va a juicio abreviado no se reconocen delitos, sólo se reconocen hechos fácticos, por lo tanto las partes conservan las mismas facultades que en un juicio oral (…). Como es un juicio, existen todas las posibilidades abiertas: que sean absueltos, que sean condenados, que sean expulsados, que sean condenados a penas efectivas”, puntualizó Torres.
Sara Rada, familiar de uno los detenidos, develó que los connacionales aceptarán que ingresaron a territorio chileno, pero no asumirán los otros delitos por los que se les acusa.
Los nueve funcionarios bolivianos están acusados de robo, contrabando y porte ilegal de armas en territorio chileno. Los tres delitos fueron valorados por la jueza de Pozo Almonte el 22 de marzo, tres días después de que fueran capturados, quien ordenó prisión preventiva por 120 días.
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