Servicio de Minería incurrió en graves irregularidades

El Servicio Nacional de Comercialización de Minerales (Senarecom) adquirió por excepción un bien inmueble por Bs 1.252.800, en la ciudad de Potosí. Las órdenes de compra se hicieron en dos meses y se emitieron dos certificaciones de valor catastral en siete días, uno por 188.623 bolivianos y el otro por 418.749 bolivianos.

Al conseguir el acceso a los documentos que ese despacho realizó para adquirir una casa, ubicada en la calle Nicolás Benito s/n Zona Huayna Mayu-San Benito, ciudad de Potosí, la Agencia de Noticias Fides (ANF) estableció que la transacción se hizo por el valor de 1,2 millones de bolivianos.

Entre septiembre y octubre de 2015, Senarecom decidió la compra de ese bien inmueble de propiedad de Gustavo Bruno Villacahua Huanca y Gimena Diaz Flores. Se suscribió el contrato de adquisición el 12 de noviembre, firmado por la directora general Ejecutiva de la institución, Lourdes Abastoflor.

OPCIONES DE COMPRA

La autoridad informó a ANF que existía la necesidad institucional de sentar presencia en Potosí, por lo que se decidió la compra. “Se buscó diferentes opciones, de manera personal fui a visitar tres o cuatro opciones”, explicó.

A lo largo del proceso se detectaron varios “incumplimientos” a las normas. No se registró en Derechos Reales y en el Servicio Nacional del Patrimonio del Estado (Senape) no se pagó el Impuesto a la Transferencia que asumió Senarecom con las respectivas multas, además se retrasó en el registro y publicación en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y no se entregó la documentación en los plazos establecidos a la Contraloría General del Estado.

CERTIFICACIÓN

La directora ejecutiva aseguró que cuentan con la certificación del Senape, que “es indispensable para iniciar el proceso de contratación”. Asimismo, se comprometió a entregar el documento, pero al final ANF no recibió esa información.

DERECHO PROPIETARIO

Un informe del  29 de junio del 2016, de la abogada de Senarecom, Norma Hazel Flores, advirtió que se trataba de un “caso sumamente delicado que requiere la atención urgente para evitar mayores daños a la entidad”.