Hace tres años que fue promulgada la Ley de Inversiones, pero hasta la fecha no tiene aplicación porque carece de la reglamentación correspondiente. Es decir que, en buenos términos, no parece existir en el oficialismo interés para estimular las inversiones, lo que influye para la falta de nuevos emprendimientos.
Cuando no existe la legislación pertinente para crear empresas, explícitamente se está atentando contra el desarrollo económico del país, lo cual se traduce en dos efectos negativos. Se impide los nuevos emprendimientos y en lo social no se abre fuentes de trabajo.
Solamente la actividad económica privada es la que efectivamente hace crecer al país, la que consiste en ampliar el espectro productivo y evitar el mayor crecimiento del desempleo. En este punto es pertinente anotar que inclusive los profesionales no tienen la posibilidad de acceder al trabajo interno, por lo que muchos se ven obligados a emigrar.
La cuestión se torna más grave, porque las nuevas generaciones no tienen oportunidades para encontrar empleos. Esta es una expresión de las grandes limitaciones en que vive el pueblo boliviano.
Contrasta con lo que sucede en países desarrollados. Como ejemplo, vale la pena poner de manifiesto que en estos días Alemania tiene un millón de puestos de trabajo disponibles, de acuerdo con un anuncio que hizo el lunes la canciller Ángela Merkel.
El país requiere dar el mayor impulso posible a su desarrollo, pero ello depende fundamentalmente de los emprendimientos empresariales del sector privado, puesto que en el caso estatal la situación es poco menos que inoperante.
Se dispone de una treintena de empresas estatales, pero la mayoría no consigue responder a las expectativas que generaron las cuantiosas inversiones oficiales que se realizan en ellas. A la inversa, se constituyen en una decepción, porque casi ninguna logra tener éxito.
Por todo ello, el mejor recurso que se puede adoptar es promover la creación de más empresas privadas. Esto es posible esperar, porque cuando se tiene acceso a los informes de las cuentas bancarias se constata que existen depósitos millonarios.
La explicación de ello probablemente sea el hecho de que no se cuenta con las garantías legales indispensables para dedicar esos y otros recursos que salen del país a la apertura de empresas. La mejor manera de que no siga persistiendo situación tan anómala para los intereses nacionales, es que se apruebe el Reglamento de la Ley de Inversiones.
Este es el documento que precisamente garantiza y ofrece las seguridades necesarias para invertir en Bolivia, tanto con capitales internos como externos. Resulta incomprensible que una vez aprobada la Ley de Inversiones no se la hubiera acompañado rápidamente con su reglamentación.
El Ministerio de Economía es el responsable de proveer el proyecto respectivo para que se lo sancione en la Asamblea Legislativa y seguidamente sea promulgado por el Órgano Ejecutivo. No es posible que no se interese y cumpla las obligaciones primarias que tiene, de ocuparse a favor del desarrollo del país.
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