Garantizar las elecciones judiciales, ¿será posible?

El anuncio de nuevas elecciones judiciales, con estilo de las realizadas el año 2011, ha despertado dudas y susceptibilidades en la colectividad, especialmente por el hecho de que el sistema de “elecciones para elegir magistrados del Poder Judicial” no es bueno y es contrario a todo principio democrático porque, además, no ha sido utilizado por otro país por considerárselo inconveniente y contrario al sentido mismo de una buena, transparente y responsable administración de justicia.

El gobierno ha insistido en que se realicen nuevas elecciones pese a las malas experiencias sufridas con los resultados anteriores. El Poder Electoral ha estudiado un presupuesto superior a los 155 millones de bolivianos; pero el Ministerio de Hacienda considera que con algunos recortes, es posible que alcance el restante de 106 millones con una reducción de 49 millones de bolivianos. El Poder Electoral indica que no alcanzará y esto produce discusiones entre el gobierno y el Poder Electoral. Ante esta situación, se ha sostenido que “el gobierno garantiza la realización de las elecciones” con la fijación definitiva de un presupuesto que cubra todos los gastos.

Garantizar la realización de las elecciones cubriendo los gastos puede ser posible y hasta práctico; pero es preciso ver si efectivamente esas elecciones serán garantizadas en sus aspectos morales y legales, que aseguren un nuevo Poder Judicial transparente, honesto, eficiente, eficaz y absolutamente responsable y acorde con una debida, genuina y límpida administración de justicia. Todo esto no estaría garantizado para la colectividad desde el momento en que los candidatos -pese a ser elegidos por comisiones “imparciales” como señala el gobierno- pasarán de todos modos, por la voluntad y decisión del Poder Legislativo, cuya mayoría está conformada por militantes del partido de gobierno. Esto, bajo ningún punto de vista implica que se pueda esperar que los designados obedezcan o sigan líneas de absoluta independencia, idoneidad y limpieza en el ejercicio de funciones tan delicadas como es la administración de justicia. Al contrario, ser elegidos por una parte interesada -como ha ocurrido con anteriores resultados electorales para elegir jueces- de hecho puede considerarse parcializado, obsecuente y obediente a las disposiciones del gobierno y su partido. En otras palabras, no puede haber confianza en supuestas garantías que, de hecho, no estarán respaldadas por la verdad, por la realidad imperante debido a las designaciones, previas en muchos casos, realizadas por parte interesada para un manejo discrecional, dirigido, manipulado por intereses muy ajenos a una correcta administración de justicia.

Sería urgente que haya prescindencia de otro poder del Estado para designar magistrados y que, en todo caso, la comisión que escoja y designe esté conformada por representantes de los colegios de abogados, siquiera de cinco universidades, tres ex–presidentes de la Suprema. Éstos, ajenos a la política partidista y a los otros poderes del Estado, totalmente independientes y libres de compromisos político-partidistas o de otra índole, garantizarían un Poder Judicial como el que precisa el país; de otro modo, los resultados serán peores que los confrontados hasta ahora.