En 1988 se dio curso a la Ley 1.008 que establecía 12.000 hectáreas de coca legal, a fin de controlar el narcotráfico que entonces aumentaba su producción e injerencia en la vida del país. Posteriormente se hizo un estudio integral de la hoja de coca y se aumentó a 14.705 las hectáreas de coca, para cubrir el consumo legal. Posteriormente aparecieron plantaciones de coca fuera de zonas tradicionales.
Recientemente la Asociación departamental de productores de coca (Adepcoca), que corresponde a los cultivadores yungueños, en asamblea realizada en Coripata, desconoció la Ley General de la Coca, aprobada en medios oficiales y que establece 22.000 hectáreas de coca, de las cuales 12.300 hectáreas están en La Paz, en el sector Yungas y 7.700 hectáreas en el Chapare, en el trópico de Cochabamba.
Esa norma es desconocida por 35.000 productores de coca de los Yungas, quienes manifestaron su rechazo a la promulgación de esa ley y al aumento de cultivos legales en el trópico de Cochabamba. Por ello se opusieron a la presencia de funcionarios del gobierno, como el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, cuando intentaron ingresar a los cocales yungueños.
Este sector cocalero yungueño desconoce la Ley 906 y la reglamentación del gobierno porque considera que esa norma viola la Constitución Política del Estado y fue aprobada sin consensuar con los verdaderos productores, que piensan que con la aprobación de aquella norma se legaliza la producción en el Chapare. En general la Ley de la coca está debilitando la fuerza política oficialista, al extremo que provoca enfrentamiento entre dos grupos cocaleros, lo que pone en riesgo la estabilidad del actual gobierno. Recordemos que anteriormente se presentó un estudio integral de la coca, sacando conclusiones para legalizar el consumo y distribución de la hoja, mencionando que en Bolivia 3 ciudadanos de cada 10 consumen, por costumbre, coca.
Los estudios sobre la hoja comenzaron en 1925. En 1949 se hizo estudios sobre los efectos de la cocaína, que provoca desnutrición, inapetencia y dependencia, atentando su uso contra la alimentación y nutrición de poblaciones indígenas. Se sacó como conclusión que el uso de coca produce adicción. Otro informe en 1950 declaró que la hoja tenía valor nutritivo, por lo que temporalmente recibió certificación para uso de poblaciones indígenas del Perú y Bolivia. Sectores populares y de obreros utilizan la coca para masticarla y atenuar el hambre, como sucede con los mineros. Sin embargo un informe de la ONU da cuenta que más del 90% de la coca del Chapare va al mercado ilegal.
En cualquier caso, las medidas drásticas de sectores como los cocaleros perjudican a los ciudadanos que trabajan día a día para lograr sustento para sus familias. Los bloqueos solo hacen daño a los sectores populares, a los que ellos también pertenecen.
El autor es Profesor Emérito y ex-autoridad de la UMSA.
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