Defensa de Marco Aramayo
• Marco Antonio Aramayo, exdirector de la institución, fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado
La primera sentencia que se dictó dentro del “Caso Fondo Indígena”, en Tarija, fue apelada con más de cinco observaciones, según informó Héctor Castellón, abogado del exdirector de esta institución, Marco Antonio Aramayo, contra quien la Fiscalía ha abierto más de 80 procesos.
“Lo primero que se está cuestionando es que la sentencia no tiene una valoración y motivación en cuanto a la prueba presentada”, explicó ayer a EL DIARIO el abogado Castellón, sobre la apelación que interpuso a nombre de su cliente contra la resolución de condena, emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia de Tarija, el 26 de mayo pasado.
CONDENA
Marco Antonio Aramayo fue condenado dentro de ese caso a cinco años de prisión, por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El proceso se investigó el incumplimiento de contrato con la empresa Fesitar, en el que se manejó casi un millón de bolivianos.
Castellón detalló que se ha cuestionado otros puntos de la sentencia, como la tipificación del delito de “contratos lesivos”, sin que los mismos existan.
Explicó que el ex Fondo Indígena no suscribía contratos, sino “convenios”, por los cuales acordaba el desembolso de dinero para la ejecución de proyectos productivos desarrollados en grupos de comunarios.
“También estamos observando que se han planteado excepciones, en el juicio de Tarija se ha establecido que los responsables de este proyecto habrían falsificado firmas de 55 familias, para cambiar el proyecto de una comunidad denominada Flor de Oro, a una comunidad San Blas”, aseveró.
Para la defensa de Aramayo, se violó el debido proceso al no notificar como víctimas a los representantes de la comunidad San Blas, además que la falsificación de ese documento también le fue atribuida y se le condenó por el mismo, pese a quedar claro que nunca tuvo participación en ese delito.
Igualmente, se cuestionó que en el proceso de liquidación de este proyecto se demoró ocho meses, esa demora administrativa le fue atribuida a Aramayo, pese a que estaba ya detenido y fuera del cargo.
“Son varios elementos que se han ido observando en cuanto a los incidentes y excepciones en el fondo de la sentencia”, concluyó.
La apelación a la sentencia fue presentada ante el mismo Tribunal, para que este remita los obrados del caso a una Sala Penal, la cual se reservaría el derecho de llamar a una audiencia o únicamente remitir una resolución resolviendo el caso.
ANTECEDENTES
Aramayo fue posesionado como director ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (FONDIOC), en reemplazo de Daniel Zapata, el 4 de septiembre de 2013.
El 2015, la Contraloría confirmó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos, en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados.
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