Camiri y Achacachi

Los alcaldes de Camiri y de Achacachi permanecen impávidos en sus cargos pese a las masivas peticiones de renuncia de esas localidades, amparados en su tozudez por el Gobierno. El haber sido elegidos es el recurso al que recurren las autoridades del Órgano Ejecutivo para su apoyo con el uso de las fuerza. Digamos entre paréntesis que la misma recurrencia de elección legal le sirve al Gobierno cuando otorga su apoyo “incondicional” a Nicolás Maduro, sin reparar en las casi 100 muertes de venezolanos por ese régimen para sostenerse en el poder.

Cuando el clamor popular demanda alguna medida útil para mantener la paz social, que es una de las obligaciones fundamentales de los gobiernos, éstos no deben ignorarla y les corresponde más bien exigir el alejamiento de las autoridades resistidas, cualesquiera que fueren. Igual en Achacachi que en Camiri (fuera de otras similares situaciones menos trascendentes), el empecinado respaldo oficial se origina en que se trata de alcaldes masistas, asumiendo una actitud claramente sectaria y dictatorial.

La negativa a rendir cuentas es el origen del pedido de renuncia del Alcalde de Achacachi y la falta de obras con respecto al Alcalde de Camiri, ambas solicitudes correctas ante las omisiones e incumplimiento de deberes de los alcaldes. Sucede que en Achacachi a los hechos de protesta de los vecinos siguió el destrozo y averías a los domicilios y edificios de la localidad a cargo del famoso grupo de choque oficialista: los “ponchos rojos”. En Camiri la población cansada de la incuria de su burgomaestre bloqueó enérgicamente el camino de esa ciudad a Yacuiba con la concurrencia de cientos de camireños. Mientras en la localidad altiplánica la policía se hizo presente sin intervenir cuando aún continuaban depredando los “ponchos rojos”, en actitud contemplativa e impropia de su misión, algunos cientos de policías bien pertrechados intervinieron el bloqueo a Yacuiba con terrible dureza, dejando heridos, casi 50 detenidos y saturando de gas lacrimógeno a la ciudad oriental. Como la protesta continúa, el comandante policial departamental, Rubén Suárez, dijo “no nos vamos a dejar…”, advertencia de sometimiento bajo alternativa de mayor represión.

En ambas localidades los alcaldes continúan sin renunciar y operan desde oficinas que no son el lugar de sus funciones, cosechando cada día más repudio. El Alcalde de Camiri advirtió que solo saldrá muerto o en “cajón”, mostrando tremenda impasibilidad burocrática. El motivo puede ser ocultar o terminar algo de un interés muy personal o inconfesable. Los concejales en su integridad (masistas y opositores) le han conminado por escrito a renunciar.

Raro bloqueo combatido por la Policía en comparación con las decenas de otros que impunemente interrumpen la libre circulación en el resto del territorio. Así, la ciudad de La Paz -como la que más- cada día ve interrumpido el paso de peatones y vehículos ante la completa ausencia de las llamadas Fuerzas del Orden. Parecería que la Policía se convirtió en la institución protectora del desorden por permitir tanto boqueo, actuando como fiel y disciplinada cumplidora de instrucciones superiores, discriminando si los que bloquean son oficialistas o supuestamente opositores.