Las llamadas “nacionalizaciones” de los hidrocarburos en Bolivia: 1937, 1969 y 2006

Casi tres meses después del último post en este viejo y olvidado blog, me animo a escribir algunas líneas sobre el querido sector hidrocarburos. En esta oportunidad quiero compartir la información que será presentada, muy pronto, en una publicación conjunta con otros colegas sobre 100 años de la economía boliviana, en dicha publicación donde me toca la sección de hidrocarburos, aprovecho la oportunidad para agradecer a la Konrad por esta oportunidad.

Quiero presentar algunos datos de las 3 llamadas nacionalizaciones de los hidrocarburos que se presentaron en menos de 100 años en nuestro país, naturalmente no pretendo realizar un estudio exhaustivo acerca de ellas (tomaría tiempo y espacio) al contrario, simplemente quiero mostrar algunos datos que quizás podrían interesarle.

La primera se dio el año 1937, en la que a través de la Resolución del 13 de marzo se declara “...la caducidad de todas las propiedades de The Standard Oil Co of Bolivia...”. Existen varias razones técnicas, políticas y económicas que habrían llevado al Gobierno boliviano a tomar la decisión de “nacionalizar” las propiedades de la Standard Oil Co of Bolivia, interesantes discusiones se encuentran en Hoz de Vila (1988), Royuela (1996), Prada 1985 y Miranda (1999). El resultado de esta medida fue una indemnización de US$ 1.8 millones del Gobierno boliviano a la compañía acordada en enero de 1942, dicha indemnización tuvo la forma de “adquisición de estudios geológicos” por parte del Estado boliviano. Utilizando información del índice de precios al consumidor del Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de América el valor actual de la indemnización sería de US$ 27.9 millones. Es útil señalar que el valor indemnizado fue equivalente al 2.7% del total de las exportaciones bolivianas del año 1942.

La segunda llamada “nacionalización” se da el año 1969, a través del Decreto Supremo 08956 de 17 de Octubre de 1969 el Gobierno boliviano determina “la reversión al Estado de todas las concesiones otorgadas a BOLIVIAN GULF OIL COMPANY, y la nacionalización de todas sus instalaciones, muebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna”, “el inmediato control, por las Fuerzas Armadas de la Nación, de todos los campos, instalaciones y demás pertenencias de Bolivian Gulf Oil Company” y además “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) intervendrá inmediatamente en el control técnico y administrativo de las instalaciones y pertenencias de Bolivian Gulf Oil Company, bajo la dependencia y fiscalización del Ministerio de Minas y Petróleo”.

Según Miranda (1999) y Hoz de Vila (1988) el monto final por la indemnización a BOGOC fue de US$ 78.6 millones. Por otra parte, de acuerdo con el World Energy Council (1992) el monto total de la indemnización a BOGOC, pagado con los ingresos por la exportación a la República Argentina, fue de US$ 60.8 millones, cantidad de dinero pagada en el período 1973 y 1979. En valor presente el total indemnizado a la empresa alcanza la cifra de US$ 344.4 millones.

Es necesario destacar que la actividad de la empresa Bolivian Gulf Co. fue mucho mayor a la empresa The Standard Oil Co. tal como se observa en la siguiente Tabla, donde se ilustra el número de pozos perforados por cada compañía y la ineficiencia (medida por el cociente Pozos Secos/Pozos Productores) de ambas. Esas cifras intentan mostrar que probablemente el costo para el país (en términos de transferencia tecnológica, cierre de mercados, inversión futura, etc.) de la esta segunda llamada “nacionalización” fue mayor, debido a que BOGOC aparece como una compañía que deseaba una sociedad de mediano y largo plazo con el país, dada la magnitud de la inversión efectuada.

Finalmente el 1 de mayo del año 2006, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo Nº 28.701 “Héroes del Chaco” o de “Nacionalización de los Hidrocarburos. A diferencia... sí a diferencia de las dos “nacionalizaciones” previas, la llevada a cabo el año 2006 no significó una expropiación del capital y expulsión de las empresas operadoras; lo que ocurrió fue la firma de nuevos contratos con los operadores privados de ese momento con un incremento moderado en la participación estatal. Como resultado de la firma de nuevos contratos de exploración y explotación, aprobados en la Ley de Hidrocarburos Nº 3.058 e implementados a través del decreto supremo llamado de “nacionalización”, la participación del Estado en los ingresos brutos en boca de pozo se incrementó entre el 10% y 15%; si a estos porcentajes se le añade las regalías, participaciones e impuesto creado por la Ley de Hidrocarburos Nº 3.058 por Hormando Vaca Diez (que totalizan 50%); la participación total del Estado boliviano en dichos ingresos en boca de pozo oscilaría entre el 60% y 65%.

Es útil señalar que posterior a la medida del año 2006, el Estado boliviano adquirió participación en algunos operadores privados en las actividades de exploración y explotación, recompró las dos refinerías más importantes del país, compró acciones en los sistemas de transporte por ductos y otras instalaciones, un resumen de dichas políticas se encuentra en Zaratti (2009), es decir, el resto de las llamadas “nacionalizaciones” fueron simplemente operaciones de compra de acciones.

El sector hidrocarburos se caracteriza por proyectos de larga maduración, en este sentido, no siempre es posible vincular el desempeño de éste con la política pública contemporánea. De hecho, es posible lanzar la hipótesis de que los impactos de la política pública sobre el sector son asimétricos, cuando dicha política pública busca la construcción de consensos sobre un determinado proyecto y/o actividad, los resultados son de mediano y largo plazo; sin embargo, cuando la política pública daña el desempeño del sector, los resultados son de corto y mediano plazo. En este sentido, es necesario ser muy cauto en el momento de correlacionar de forma contemporánea las cifras estadísticas con determinadas normas legales. En otras palabras, el éxito del sector hidrocarburos de los últimos años no se debe, desde ningún punto de vista, a la llamada “nacionalización” de los hidrocarburos del año 2006... en serio.

Bueno, mis amigas y amigos, quizás este texto fue menos coloquial a los anteriores, sin embargo, me pareció interesante presentar la normativa legal de estos procesos, así como también algunas cifras al respecto. Esta última temporada en Kabul fue dura y difícil, al finalizar mayo tuvimos uno de los atentados más grandes de los últimos años, cifras no oficiales hablan de más de 100 muertos y casi 400 heridos…

Kabul, junio, 2017.