Suba de tarifas eléctricas

Actualmente Bolivia tiene una oferta de energía eléctrica de 1.900 megavatios (MW) y su demanda interna es de 1.400 MW, por lo que tiene un excedente de al menos 500 MW (13.04.2017 dato de ministro del área). Eso debería dar la tranquilidad suficiente al país para consumir sin los nubarrones de la preocupación por déficit de demanda, ni del tormento de esperar “ajustes” o subas de tarifas. Naturalmente habría que pensar también en venta a mercados externos.

Recientemente la autoridad estatal de regulación autorizó un “ajuste” -un eufemismo para alza- de las tarifas de electricidad (un 4% “para arriba”). La disposición emitida el 31 de mayo aprueba precios de nodo de energía y potencia, fórmulas de indexación, peajes unitarios de instalaciones de transmisión del Sistema Troncal de Interconexión (STI) y del factor de adaptabilidad para generadoras con fuentes de energías alternativas, correspondiente al periodo mayo 2017 - octubre 2017, “ajuste” semestral que se presenta desde 2001, cuando se aprobó el Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico.

Ese “ajuste” tendrá efectos multiplicadores negativos en precios de bienes de consumo.

Todas las industrias producen sobre la base de electricidad. Todas, desde compañías de harina y pan, carnicerías, frigoríficos, procesadoras, industrias de lácteos, arroceras, compañías de granos, cadenas de fríos, farmacias, hospitales y toda la gama de servicios, utilizan electricidad, sin contar hogares, colegios y universidades. Y la electricidad en Bolivia tiene por fuente principal el gas natural, no habiendo aún generación masiva de electricidad con base en energías renovables. El país del gas debe tener tarifas muy bajas, por no decir planas, de electricidad.

No olvidemos que una forma de estimular inversión privada en sectores productivos es, cabalmente, que los precios de electricidad sean competitivos en parques industriales de ciudades que pretenden ser competitivas a nivel internacional. Donde hay electricidad de alto costo es más complicado tener mayor industria.

Los costos de producción se van a elevar. Si bien la cifra de “ajuste” (4%) puede verse “pequeña” en economía, la escala es la que importa, de manera que sí, evidentemente, se sentirá un “incremento” por culpa del “ajuste” que, además indica la prensa, es el más alto de los últimos años.

Al subir la estructura de costos de la empresa, éstos son inmediatamente trasladados a los precios finales que debe pagar el consumidor, el ciudadano. De manera que el ajuste es un ataque al bolsillo -ya esmirriado- del ciudadano.

La argumentación principal del Poder Ejecutivo en relación con el “ajuste” es que es una medida que “pretende evitar que las empresas del sector eléctrico tengan déficits y como resultado bajen la calidad del servicio”, para ello debemos -o deberíamos- confiar en que el Estado -con el monopolio el sector energía e hidrocarburos- debe lograr/captar inversión extranjera privada para mejorar la estructura del negocio, de manera de ampliarlo, modernizarlo y optimizarlo, siempre en beneficio ciudadano. No abordar el tema de la mejora del servicio vía el ajuste sino vía la búsqueda de inversiones.

Ya adelantaron las principales compañías eléctricas del país: Cooperativa Rural de Electrificación (CRE); Compañía Eléctrica Sucre (Cessa) y Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (Elfec), que incrementarán tarifas de electricidad para el consumidor final, de tener que aplicar el “ajuste”.

Toda suba, ajuste o incremento del precio de la electricidad debe ir de la mano de políticas de eficiencia energética y en el caso boliviano, ver de ampliar la denominada Tarifa Dignidad (descuento del 25% del costo aplicado a usuarios de bajos recursos y que no reportan un uso excesivo consumo).

Vale decir que todo ajuste en tarifas debería ir acompañado, obligatoriamente, de políticas de ahorro para industrias, gobiernos municipales, y nacional.

En hogares e industrias la recomendación es usar lámparas de bajo consumo.

Municipios deben ingresar con fuerza, en sus presupuestos, con alumbrado público utilizando tecnología de bajo consumo: LED.

Además de impulsar políticas de eficiencia energética, desde el poder ejecutivo central, departamental y municipal, urge impulsar políticas de “etiquetado”; de acuerdo con normativa internacional existen siete clases de eficiencia identificadas por un código de colores y letras que van desde el verde y la A para los equipos que son más eficientes y el color rojo y la letra G para los equipos menos eficientes. En la hora de comprar un electrodoméstico es importante prestar atención a la etiqueta que indica el tipo de eficiencia energética del aparato. El etiquetado es obligatorio en lámparas, lavarropa, heladeras y equipos de aire acondicionado.

En la hora de la compra, hay que fijarse en el etiquetado de eficiencia y optar por aparatos que sean clase A, B o C, aunque sean más caros, ya que esto se traducirá en un menor consumo. Un aparato clase G puede tener un consumo de electricidad tres veces mayor que uno clase A y por tanto su factura eléctrica será más elevada.

El “fantasma” del incremento de tarifas siempre estará presente, por ello es importante que los usuarios creemos una nueva cultura de consumo eficiente.

El autor es analista.

@BorisSGomezU