En el drama de los 9 bolivianos detenidos en Chile y en la evolución del proceso, ha prevalecido la intencionalidad de humillar a Bolivia a través de los vejámenes indebidos que se les aplicó, haciéndolos asistir a las audiencias cargados de grilletes, y ni qué decir de los atropellos físicos en el apresamiento. Son, sin duda, represiones por causa de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya que, por lo menos, hasta el momento sería favorable a Bolivia.
En el clima creado entre ambos países desde el despojo de uno sobre otro y que, por tanto, no es solamente fruto de la demanda, no son desechables las diatribas que ha tomado a su cargo el presidente Evo Morales contra los gobernantes de la Moneda, pero como es natural, se las toma como actitud antichilena. Esto ha despertado la prevención excesiva contra cualquier acto de supuesta violación de la soberanía trasandina. De por medio también menudea cierta desaprensión de los resguardos fronterizos de nuestro país, así se llamen aduaneros, policiales, etc., que, precisamente, dan lugar a hechos como éste. Las irrefrenables diatribas fueron un flaco favor a los 9 procesados.
En el juicio mismo resalta el máximo rigor punitivo ejecutado por la Justicia, acatando la línea de sindicación iniciada por la presidenta Michelle Bachelet, condenando a los detenidos por “robo” de mercadería, nada menos que de 11 camiones, pero se calló que no era otra cosa que contrabando destinado a Bolivia, cosa que inveteradamente ocurre sin que se le ponga freno alguno, pese a los convenios bilaterales en el materia. Nadie ha demostrado aún si los hechos fueron en territorio boliviano o chileno, cuya aclaración dividiría las aguas meridianamente en este controvertido caso.
Se ha hecho voz común que para evitar la odisea, el Gobierno debía emplear la vía diplomática, sin embargo la predisposición conflictiva chilena hace ver que se habría dado modos para rehuir tal vía. Su posición es responder a las palabras con hechos, como se señaló anteriormente. Lo correcto y normal entre Estados es la aceptación de exhortaciones diplomáticas y que la repatriación se ajuste a un trámite simplemente administrativo. Nada de ello tuvo lugar.
El juicio abreviado no era posible sin reconocer los delitos imputados y los resultados se los tiene a la vista, lo cual lamentablemente pone en evidencia los delitos, aunque sea desde el punto de vista formal. En todo caso es errático llamarlos “mártires” porque no se los asesinó. Estamos, como en otras oportunidades, frente a una exhibición patriotera de cálculo político, menos aún se trata de “héroes de la reivindicación marítima”, pues no se conoce todavía las verdaderas intenciones que tenían y que se debe investigar ahora. Estos recursos mediáticos tienen un público que carece de los elementos intelectivos necesarios para discriminar los hechos o les prestan atención por compromisos políticos.
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