Juntas vecinales paralelas malogran institucionalidad

La creación de juntas vecinales paralelas, cuyo interés es político partidario, quebranta la institucionalidad de la representación ciudadana, lo que se debe a que el vecino no está ejerciendo plenamente su derecho de controlar el funcionamiento de sus organizaciones primarias.

Este criterio formuló al secretario del Concejo Municipal de La Paz, Fabián Siñani, quien manifestó el escaso compromiso de los ciudadanos con su barrio y con la elección de sus representantes en sus organizaciones básicas, dando lugar a la “partidización política” y a la deslegitimación de las formas de ordenamiento vecinal.

“El ciudadano de a pie tiene que comprometerse con su barrio, con su vecindario, de manera que todos participen en sus reuniones y ampliados, a fin de elegir a sus representantes verdaderamente legítimos, para que estos, a su vez, conformen el Control Social y la Asociación Comunitaria, sobre la base de una Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) sólida”, puntualizó el concejal.

De acuerdo con la normativa en vigencia, el Organismo de Control Social es la instancia de representación vecinal, esta instancia aglutina a los dirigentes de los 23 distritos del municipio de La Paz, 21 urbanos y 2 rurales.

Siñani recomendó que los vecinos de a pie deben pedir cuentas, tanto a sus juntas vecinales como al Control Social, para evitar que estos instrumentos de interacción social sean cooptados por mecanismos de poder, como ocurre en la actualidad.

“Durante muchos años, en el municipio de La Paz ha existido una sola Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) fuerte, pero ocurre que ahora aparecen vecinos como Jesús Vera, que no representa ni a su vecindario, Jaime Vera es otro señor que tampoco representa a los vecinos y ambos se disputan la representatividad. Esas son las cosas que distorsionan lo orgánico del vecindario”, remarcó Siñani.

En este contexto, expresó que los vecinos deben despojarse de intereses políticos particulares para ejercer de mejor modo el control vecinal. “Todo ciudadano tiene derecho a una postura política, pero su ejercicio no debe afectar la institucionalidad vecinal”, apuntó.