Innegablemente, en el diario vivir de la política partidista, hay declaraciones que son incomprensibles por lo extrañas y ajenas a una realidad que vivimos desde hace muchos años; se ha dicho, hace muy poco, que hay “necesidad de sensibilizar a un vecino nuestro” para combatir al contrabando. Al respecto, una sola pregunta muestra la inutilidad de esa posible gestión porque cabe preguntar: ¿No es a Chile que le conviene el contrabando de su producción hacia Bolivia? ¿No se beneficia desde hace muchos años con las importaciones legales que se hace de todo tipo de producción y, aparte de ello, no es el contrabando el que beneficia grandemente a la economía chilena?
Desde hace mucho tiempo, y mucho más en los últimos diez años, el contrabando ha sido aliado de quienes buscan vender a Bolivia cualquier producto y, en casos, hasta lo que el comerciante chileno importa legalmente o no de otros países y, mediante la economía informal que es el contrabando, ingresa a Bolivia con esa mercadería. ¿Cómo podríamos sensibilizar a esos comerciantes inescrupulosos para que no realicen negocios ilegales con contrabandistas bolivianos? ¿Alguien se imagina que van a renunciar tan fácilmente a ganancias, por lícitas que sean, tan solo por complacer a los pedidos de nuestras autoridades?
El contrabando que ingresa a nuestro país desde Chile, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay, países limítrofes, requiere ser frenado, evitado, combatido y anulado por nuestro país o sea mediante la acción decidida y decisiva de nuestras autoridades. No será frenado tan solo por decisión de quienes, por cumplir diplomáticamente, se animen a frenar, así sea mínimamente, la mercadería que producen y que es comercializada en Bolivia. Esta es realidad que no podemos negar y menos creer que sea “negociable para combatir el contrabando”.
El contrabando de mercadería que llega al país desde Chile es cuantioso y está referido a automóviles y otro tipo de automotores ya usados generalmente en países asiáticos y en el mismo Chile, son llamados en Bolivia “chutos” para diferenciarlos de las importaciones legales. Cada cierto tiempo, el gobierno anuncia “sanciones” contra quienes los introducen al territorio boliviano, pero, pasan semanas o meses y, previos los pagos de impuestos y gabelas aduaneras, se los legaliza con el pretexto de “nacionalización”; este operativo es repetido desde hace muchos años; la consecuencia es que surgen más contrabandistas que ingresan automotores en cantidades impresionantes.
Mercadería de todo tipo que proviene de Chile, Argentina, Perú y Brasil es labor ilegal de cada día. La Aduana y autoridades policiales informan ocasionalmente de algún decomiso; pero todo muestra que esta ilegalidad se repite con el simple “hacer la vista gorda” o, peor, con la actuación de la “comisión” a que, lamentablemente, acude la corrupción. Seamos claros: no hay sensibilidad posible mientras el gobierno nuestro no se sensibilice para combatir seriamente al contrabando.
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