Cáritas Pastoral de Tarija responsabiliza al Gobierno

(ANF).- Cáritas Pastoral Social Tarija, a través de su director y coordinador, Williams Tórrez, responsabilizó al Gobierno por las amenazas explícitas de expulsión que ha sufrido de las organizaciones campesinas locales afines al oficialismo, por haberse pronunciado en defensa de la preservación de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, presionada por actividades petroleras.

Ante el ultimátum que dieron la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsutct) y la Central de Campesinos de Padcaya a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y a la Pastoral de Tarija para que abandonen Tariquía “por su cuenta” o caso contrario serían expulsadas e impedidas de movilizarse en la zona, Torrez dijo a ANF que detrás de estas amenazas está el Gobierno.

“Responsabilizamos al Gobierno de lo que pueda suceder porque no es una situación de ahora que se haya asumido por la Federación de Campesinos, sino desde los personeros de Gobierno, del Ministerio de Hidrocarburos que han manifestado que nuestra institución estaría propiciando el rechazo a la exploración hidrocarburífera usando recursos de Estados Unidos, totalmente mentira”, aseguró.

Según Tórrez, este proceso de amenazas en contra de la Pastoral Social de Tarija ha sido sistemático y desde arriba. “Es seguramente por instrucciones desde arriba que deciden expulsar a nuestra institución (…). Hay un proceso sistemático de presión desde el Gobierno que ha venido haciendo estas declaraciones desacertadas, ya que instituciones como la nuestra, que es un brazo operativo de la Iglesia Católica es hacer tareas de reflexión, de concientización”.

Explicó que la Pastoral Cáritas a partir de lo que no ha encomendado el papa Francisco, en su última carta pastoral “Laudato Si” sobre la preservación del medioambiente, el cuidado de la naturaleza y la casa común, es que ha volcado su trabajo en esta área al margen del área social que lo hace a nivel nacional.

El director lamentó que entre las amenazas de expulsión también se incluya la de evitar la libre circulación de los representantes de la Pastoral Cáritas de Tarija y de las ONG que trabajan en la zona. “Esto se sale un poco del control, creemos que Bolivia es de todos y el coartar la libre transitabilidad de las personas está penada por ley”, dijo.

Ante el riesgo inminente del que son objeto los miembros de la Pastoral Cáritas como consecuencia de las declaraciones de varios personeros del Ministerio de Hidrocarburos y de algunos dirigentes sindicales que los acusan de “dividir a las comunidades campesinas”, Tórrez informó de una reunión con el Obispo de la Diócesis de Tarija para asumir algunas determinaciones.

Sin embargo, anticipó que en resguardo de la seguridad del personal de la Pastoral Cáritas y de sus oficinas, se acudirá ante el Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y otras instituciones de defensa de derechos humanos, para pedir garantías, pero también para dejar sentado que cualquier situación que vaya a suceder en contra de su integridad será responsabilidad del Gobierno.

Negó que la Pastoral Cáritas esté en el afán de dividir a las comunidades, pero consideró importante que estas reciban información previa, libre e informada desde el Gobierno para llevar adelante proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera.