Un juicio, para perder el juicio

Por su condición de capital de la Nación y sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre se ventilan juicios de alta jerarquía cuya trascendencia excede nuestras fronteras y son hasta de conocimiento internacional, como es el caso de la Formación de Capitales en Áreas Secundarias (FOCAS) impulsado por Doria Medina y también aquellos, como el de la Empresa de Ferrocarriles (ENFE) que, si bien reúnen características análogas, son totalmente ignorados.

Es el caso de la causa seguida por la adjudicación, hace un cuarto de siglo, del ferrocarril andino a la empresa chilena Cruz Blanca, por un valor inferior a su valor en libros, decisión que según la acusación de los fiscales, vulnera incluso la Ley de Capitalización aprobada por el entonces gobierno adjudicador.

El meollo de la acusación radica en que los miembros del gabinete de entonces y ejecutivos de ENFE, al transferir el ferrocarril por el valor señalado, habrían causado un daño económico al Estado o, en buen romance, habrían malvendido la empresa, nada menos que a una empresa chilena.

Al margen de cualquier consideración, sea ésta políticamente interesada o por ignorancia de sus propulsores, es necesario señalar que la Empresa Nacional de Ferrocarriles sigue siendo en un 50% de propiedad del Estado boliviano y su capitalización no fue una operación de compraventa, sino una concesión, un concepto obligatorio de comprender y entender, pues recordemos que ENFE ya no podía continuar al borde de la quiebra, como estaba, por sus pérdidas anuales, cercanas a los 20 millones de dólares, y una deuda de 200 millones, muy difícil de ser rescatada por el Estado, dada su escasez de recursos, lo que la obligaba a pedir créditos hasta de operadores privados, como de los mineros medianos, que se encontraban urgidos de exportar sus productos.

Dicho fenómeno es comprensible si consideramos que para entonces no existía el gasoducto al Brasil y, menos se contaba con los altos precios alcanzados por nuestras materias primas, como durante esta última década, sin precedentes en la historia. De ahí que sólo cabían tres opciones para salir de ese embrollo: Privatizar la empresa; capitalizarla; o rescatarla por el Estado, lo cual como se señaló líneas arriba era imposible, ya que el Estado estaba tanto o más quebrado que ENFE. De ahí que surgió como solución la segunda que, de haber sido negativa, habría sido revertida por el MAS rápidamente. Al contrario, existen evidencias de que dicha medida dio buenos frutos y ventajas como: utilidades; el pago regular de impuestos; e incluso la construcción del ferrocarril a la mina San Cristóbal que arroja buenos recursos para el estado. Además, los capitalizadores ya no son chilenos, sino un perspicaz comerciante venezolano de apellido Gil, que anteriormente compró La Razón, ATB y Gravetal.

A la luz de lo anteriormente expuesto, sólo se puede establecer que existe en este juicio un componente político, sin importar que muchos de los acusados sean ancianos, a los que la “justicia” trata como delincuentes cuando, sin excepción, ellos acreditan una vida de servicio a Bolivia. Varios de ellos, pese a su avanzada edad, continúan trabajando para subvenir los gastos de este juicio que a cualquiera puede hacerle perder el juicio.