• Procuradores de cinco países condenan intenciones del chavismo de desplazar del cargo a la funcionaria que decidió rebelarse en Venezuela
Los procuradores generales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile emitieron un comunicado en el que condenan las intenciones del chavismo de desplazar del cargo a la funcionaria que decidió rebelarse y denunciar las violaciones a los DDHH en Venezuela.
“Es imperioso que se respete la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano en el legítimo ejercicio de sus funciones, la cual se ve puesto en riesgo como consecuencia de la interferencia de otros poderes públicos, manifestada a través de presiones de la variada naturaleza y actos intimidatorios que finalmente dificultan e impiden la investigación y persecución penal de hechos constitutivos de delitos ocurridos en dicho país”, afirma en un comunicado la Argentina, como presidente pro témpore de la Reunión especializada de Ministerios Públicos del Mercosur.
La nota lleva la firma de los procuradores generales de Argentina, Alejandra Gils Carbó; Brasil, Rodrigo Janot, Paraguay, Javier Díaz; Uruguay, Jorge Díaz; Chile, Jorge Abbot; y de Perú, Pablo Sánchez.
El comunicado de los procuradores generales incluye el rechazo a “los actos de hostigamiento, persecución y amenaza que puedan poner en riesgo la integridad personal de la Fiscal general de la República y de sus familiares”. Además, rechaza “cualquier pretensión de remoción” de Ortega Díaz.
Ortega Díaz resiste hace semanas a los embates del chavismo. La funcionaria, considerada oficialista hasta hace dos meses, decidió rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro. Fue ella la primera en denunciar la “ruptura del orden constitucional”, cuando la misma Corte que hoy la quiere desplazar intentó – sin éxito- anular el Parlamento.
Ella también denunció la brutal represión de estos últimos dos meses y desmontó la teoría de que a Juan Pernalete, el estudiante muerto el 27 de abril en una marcha, había sido asesinado por los opositores y probó que perdió la vida por un disparo de bombas lacrimógenas de la Guardia Nacional Bolivariana.
Además, presentó dos recursos para frenar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que, a su entender, violan el derecho a voto de los Venezolanos.
Su accionar fue recibido por el chavismo como “una traición” y juraron venganza. Es que el oficialismo venezolano no tolera la rebelión de quien ha defendido de manera fervorosa la detención de Leopoldo López y de todos los presos políticos.
Por su parte el portavoz Rupert Colville en una sesión informativa en Ginebra dijo “La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela del 28 de junio de iniciar el proceso de destitución contra la Fiscal General, congelar sus bienes y prohibir su salida del país es profundamente preocupante, al igual que la violencia en el país”. (Infobae)
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