Toma ilegal de predios provoca inseguridad jurídica en Apolo

Al menos ocho mil metros cuadrados de áreas verdes de propiedad del municipio de Apolo fueron objeto de incursiones ilegales por parte de grupos delincuenciales entre 2015 y 2016. Esta situación afectó también predios de la Iglesia Católica, del propio municipio y de propiedad privada.

Según denunciaron los pobladores, la región, al igual que muchas en el país, enfrenta problemas de tráfico de tierras y toma ilegal de áreas de propiedad pública. Los afectados son diversos, por lo que se vieron obligados a acudir a la vía legal para detener esta acción que provoca inseguridad jurídica, informó asesor de uno de las partes afectadas, Guillermo Losantos.

El abogado explicó a EL DIARIO que la toma ilegal de tierras afecta la mancha urbana de la población, y se presume que una autoridad de la comunidad, Qpacheta, estaría implicada en estos hechos ilícitos.

El municipio de Apolo, ubicado en el norte del departamento y a aproximadamente a 400 kilómetros de la sede de gobierno, el acceso por vía terrestre demanda al menos siete horas de viaje y en temporada de lluvias, es casi inaccesible por el anegamiento de las vías.

PROPIEDADES

“La autoridad de dicha comunidad estaría loteando, distribuyendo terrenos ajenos que corresponden a áreas verdes de uso público, además de propiedades privadas que cuentan con documentación como es el caso de la Quinta Otalora, en el barrio Juan Pablo II, que es propiedad de la familia Montaño, asimismo los predios del internado Hogar San Martin de Porres que pertenece a la iglesia”, refirió el abogado.

La toma ilegal de tierras en el municipio, se presenta desde 2015. El presidente del Concejo Municipal, Juan Morales, indicó que se vivieron momentos de mucha tensión por este conflicto, en el que se encuentran comprometidos más de 4 mil metros cuadrados de área verde municipal, de los cuales, “sólo se pudo recuperar una parte que actualmente se encuentra protegido con alambrado para que no se repita este intento de toma de tierras”.

Según explico, en otros lugares en riesgo, no se pudo realizar esta barrera de protección, porque es potestad del Ejecutivo municipal. Sin embargo, algunos de los loteadores se habrían retractado y se pudo recuperar esas áreas, pero aún existen dos personas que persisten con esta actitud y ahora dos propiedades privadas entraron en juicio de los predios públicos comprometidos, habiendo el gobierno municipal asumido acciones al respecto”, explicó.

DATOS

- Predios de ocho mil metros cuadrados que corresponden a áreas verdes de propiedad del municipio de Apolo, fueron objeto de incursiones ilegales por parte de grupos delincuenciales entre 2015 y 2016.

- Estos grupos suelen operar al amparo de algunas autoridades comunitarias que se prestan para extorsionar a los propietarios.

- En Santa Cruz se descubrió que estas prácticas delincuenciales estaban aleccionadas por grupos de abogados y autoridades vinculadas a la administración pública.

DOCUMENTOS FALSIFICADOS

Según el abogado Guillermo Losantos, propiedades dentro del área urbana municipal, de la iglesia y predios privados se estarían comercializando con papeles falsos, dejando como afectados a algunos comunarios y colonos que dicen ser propietarios.

OTROS DELITOS

Asimismo, afirmó que este tipo de actos también pueden ser denunciados por estafa a los compradores, quienes después se ven afectados por problemas legales, como el caso de la propiedad “Quinta Otalora” que ahora atraviesa problemas legales.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Juan Morales, aseguró que el conflicto por ahora aparentemente se habría atenuado ya que se procedió con la apertura de procesos ante la justicia, una vez que los afectados decidieron accionar la protección de sus derechos

El alcalde del municipio, Mario Vaquiata, no pudo ser contactado por EL DIARIO, a pesar de las insistentes llamadas realizadas. Sin embargo, el Presidente del Concejo indicó que es el municipio el que inició las acciones que correspondan para preservar derechos de la comunidad.

OTROS DEPARTAMENTOS

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) denunció la incursión de los denominados “tomatierras” en unas 70 propiedades agrícolas hace tres años. Este problema fue resuelto en parte con una ley que aprobó la Asamblea Legislativa. Sin embargo hasta el año pasado persistían problemas de esta índole, en razón a las sanciones poco ejemplarizadoras de la norma, según señalaron directivos de la entidad cruceña.