Las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción tendrán la potestad de requerir información de cualquier proceso de contratación en las entidades estatales y empresas públicas, a denuncia o de oficio, para identificar posibles hechos de corrupción, según establece el proyecto de ley que regula el funcionamiento de estas instancias.
El proyecto de Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción fue presentado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a la Asamblea Legislativa y actualmente fue aprobada en grande y toca su debate en detalle en la Cámara de Diputados.
El ministro de esta cartera, Héctor Arce, citado en un boletín de prensa, explicó al pleno de Diputados que esta nueva norma busca fortalecer el trabajo de las unidades de transparencia para luchar frontalmente la corrupción en todas las instancias estatales.
Destacó como aspecto fundamental de este proyecto de ley la función de denunciar los elementos sostenibles de hechos de corrupción en un proceso de contratación en curso, para que inmediatamente la máxima autoridad de esa dependencia instruya la suspensión inmediata del proceso de contratación.
En esencia, busca evitar y sancionar los hechos de corrupción incluso antes de que se consuma el daño económico al Estado.
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