Fiscalía venezolana acusa a 3 militares por homicidio

Caracas.- La Fiscalía venezolana anunció ayer que acusa de homicidio a tres sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por la muerte de un hombre en una “situación irregular” durante una manifestación en el municipio Cárdenas del estado Táchira (oeste), limítrofe con Colombia.

Los tres militares responden a los nombres de Yelfrin Carmona, José Rodríguez y Brayan Lemus, y están acusados de la muerte por un disparo en el cuello de Manuel Felipe Castellano Molina, de 46 años, que perdió la vida durante la mañana del pasado 17 de mayo cuando se encontraba en un establecimiento comercial.

El incidente se produjo mientras se desarrollaba una manifestación en la zona, y la víctima llegó al hospital “sin signos vitales”, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Los tres funcionarios deberán responder por “delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles en complicidad correspectiva y uso indebido de arma orgánica”.

La Fiscalía pidió también que los tres militares -que fueron arrestados el día del suceso y están recluidos en un Comando de la GNB situado en el municipio Fernández Feo de Táchira- sigan privados de libertad.

Venezuela está sumida en un clima de gran crispación política. El país sudamericano vive sacudido desde hace más de tres meses por una ola de manifestaciones que han dejado a su paso un saldo de 85 víctimas fatales según datos de la Fiscalía.

El organismo ha atribuido 23 muertes y 853 lesionados a la “represión” de manifestaciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Además, citó en calidad de imputados al excomandante de la GNB Antonio Benavides Torres y al jefe de inteligencia, Gustavo González, por sus presuntas responsabilidades en la violación de derechos humanos.

SUPREMO

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló la citación que hizo el Ministerio Público al exjefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides, por su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos y declaró extensivos los efectos para otros funcionarios citados.

La decisión de la Sala Constitucional declara la nulidad de la citación, «así como cualquier actuación de la fiscal general de la República o de los funcionarios que actúen bajo su dependencia o jerarquía, que pretendan iniciar una investigación en su contra, con prescindencia del procedimiento de antejuicio de mérito».

Benavides, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y actual jefe de Gobierno del Distrito Capital, debía comparecer mañana ante la Fiscalía en calidad de imputado luego de que el organismo indicara que 23 de las 85 muertes ocurridas durante la actual ola de protestas son atribuidas a la fuerza pública.

AMPARO

El Supremo admitió una acción de amparo introducida por Benavides y declaró «los efectos extensivos de esta fallo, en razón de lo cual, cualquiera que se encuentre en situación similar, podrá invocar la presente decisión».

La Fiscalía también citó para mañana al director de inteligencia, Gustavo González, para responder por «allanamientos arbitrarios, privaciones ilegítimas de libertad; causas de personas que permanecen detenidas a pesar de que los respectivos tribunales del país han emitido legítimamente boletas de excarcelación».

En un comunicado, el Supremo indicó que Benavides equivale a un gobernador de estado por su cargo de jefe de Gobierno, pese a que este es no es electo por voto popular sino nombrado por el presidente del país, «por lo que goza de la prerrogativa del antejuicio de mérito a los efectos de su eventual enjuiciamiento».

CUESTIONAMIENTO

A juicio de la Sala Constitucional, la fiscal general, Luisa Ortega, «erró en forma grave e inexcusable, incurriendo en abuso de poder y extralimitación de atribuciones, lesionando los derechos del jefe de Gobierno del Distrito Capital, al debido proceso, la defensa, la presunción de inocencia».

INVESTIGACIONES

El Ministerio Público señaló que lleva a cabo 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales.

«De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares», indicó la semana pasada en un comunicado.

En ese sentido, afirmó que «en una gran cantidad de estos hechos se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones». (EFE)