La inversión extranjera directa: ¿es necesaria?

Es evidente que Evo Morales no es economista, como lo aclaró en el Foro Regional de Desarrollo Local para América Latina y el Caribe llevado a cabo en la ciudad de Cochabamba, ya que sigue pensando que el Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2006 y 2016 creció de 9.000 millones de dólares a 36.000 millones de dólares, cuando en realidad lo que se incrementó es el Valor Bruto de la Producción (VBP), como consecuencia del abrupto incremento de los precios internacionales de la mayor parte de nuestras materias primas, en especial de los hidrocarburos.

En consecuencia, lo que vale para medir la dinámica del crecimiento de la economía, como resultado del esfuerzo realizado, es la cuantificación del aumento de la cantidad de los bienes y servicios producidos y no el efecto de los precios, con lo cual se mide otro tipo de indicadores, aunque el precio sirve también para totalizar la gestión económica y comparar su evolución en el tiempo, siempre y cuando se lo mantenga en un determinado año como constante, una vez definido a partir de qué momento se quiere medir esta evolución, que en el caso que analizamos sería el 2006.

En efecto, este es el caso de la economía boliviana, en el cual el propio gobierno ha establecido que el incremento real del PIB, en promedio, ha crecido en alrededor de un 5% al año, lo que representaría un incremento acumulado de alrededor de un 60% en 10 años y de un 26% en el ingreso personal, tomando en cuenta el aumento poblacional en el mismo período. Descartándose, por lo tanto y de plano, la supuesta triplicación del PIB, como quiere hacernos ver el gobierno para medir el éxito obtenido en materia económica, cuando en realidad lo que se triplicó es el valor de la producción debido a la elevación de los precios como producto de los vaivenes del comercio exterior.

En Bolivia, el desarrollo de su economía siempre se ha concentrado en torno a la explotación de los recursos naturales y un producto o unos productos específicos, a cargo de una o pocas empresas productivas determinadas, sean nacionales o extranjeras, dando lugar a una concentración de la riqueza en pocas manos, lo que ha generado una permanente política de expropiación del capital de diversa forma, que finalmente culminó en la conformación de un Capitalismo de Estado, pero sin llegar al establecimiento de una estructura o sociedad socialista, tanto en lo económico como en lo político, por lo cual el sector privado siempre jugó un papel complementario, pero a la vez dependiente de la inversión y del gasto público.

De ahí que nacionalizar ha sido para Bolivia una herramienta favorita para encandilar políticamente al pueblo, mejor si con ello se pudiera lograr una distribución del excedente que básicamente, como se ha sostenido, ha estado supeditado a la existencia de buenos precios y casi nunca a la eficiencia administrativa o productividad del trabajo, mucho menos del capital.

Naturalmente, las condiciones del entorno también jugaron y juegan un papel importante, dada nuestra alta dependencia externa, facilitando el éxito o fracaso de esta política nacionalizadora, que siempre resultó siendo más coyuntural que estructural debido a nuestra permanente tendencia rentista que ha impedido la construcción de nuevas estructuras económicas más creativas y sostenibles en el tiempo.

Por ello, fue muy diferente la nacionalización de la Standard Oíl después de la Guerra del Chaco, cuando no existían técnicos y trabajadores bolivianos que sepan de este oficio, que la nacionalización de la Gulf Oíl Company, cuando el mundo se batía en una Guerra Fría y Bolivia no tenía ni los recursos y la tecnología para tender un gasoducto a la Argentina para exportar el gas, sin lo cual esta medida hubiera estado condenada al fracaso. Ciertamente, nacionalizar la Gulf Oíl Company fue un gran acierto, ya que se logró exportar directamente más de 4.000 millones de dólares, con un gran efecto multiplicador que amplía enormemente este monto, que lamentablemente fue despilfarrado, al margen del brutal endeudamiento externo que corrió igual suerte.

Al cambiar los contratos con las empresas extranjeras (eufemismo de nacionalización) durante el actual ciclo que ha vivido el país con un brutal aumento de los precios internacionales, sin duda, fue un golpe certero a la inversión extranjera, que todavía permite financiar al Socialismo del Siglo XXI. Sin embargo, al igual que en el pasado se vuelve a vivir la época de las “vacas flacas”, donde nuestra economía necesitará trabajar el capital con mayor sutileza y sin tanto despilfarro, ya que no será sencillo reducir los gastos del gobierno, particularmente los corrientes, sin que ello provoque un fenómeno social de proporciones difícil de manejar.

Peor aún, si se busca reducir el déficit comercial externo que está mermando nuestras reservas internacionales, ya que una eventual devaluación de nuestra moneda, al margen de dolarizar nuevamente nuestra economía, provocaría serias distorsiones en el sistema de precios e impredecibles reacciones de tipo social y político.

Ahora que estamos viviendo una temporada de “vacas flacas”, que puede prolongarse, nuevamente recurrimos al ciclo de alto endeudamiento y baja capacidad productiva, cortesía de una década de estatismo y populismo desenfrenado, sin una estrategia que prometa sacarnos del extractivismo, asumiendo como siempre altos riesgos.

En la nueva coyuntura vemos una vez más que el Estado boliviano se ha atado a sí mismo las manos a la hora de atraer inversión extranjera, con normas o reglas de juego proteccionistas difíciles de aceptar para quien arriesga su capital, salvo que sea un benefactor o aventurero. Tal vez sea atractivo en algunos sectores invertir en un país de riesgo moderado, sin tener el control y la gestión de dicha inversión, pero en el mundo existen novedosos negocios que dependen del control sobre los procesos administrativos y de la incorporación de tecnologías que son ajenas a nuestra experiencia y conocimiento. Lo que no quiere decir que puedan hacer lo que quieran y sin compensar adecuadamente al país, lo que fácilmente se podría regular si existiera un mayor desarrollo institucional y un adecuado ordenamiento jurídico.

El Ing. Com. Flavio Machicado Saravia es Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.