Médicos insisten en que sean derogadas 3 normas

Con una movilización de protesta, el pacto intersindical médico entregó ayer una carta formal al Ministerio de Salud solicitando la derogatoria de los decretos supremos 3091, 3092 y abrogación de la Ley 922. La movilización obligó al Ministerio de Salud a cerrar sus puertas, lo que perjudicó a la población en su intención de realizar sus trámites.

La secretaria ejecutiva de la Federación de Médicos y Ramas Afines (Fesimra), Nancy Pereira, afirmó que el documento que se presentó está dirigido a la ministra de Salud, Ariana Campero, en las cuales se exige la eliminación de las normas mencionadas y la inclusión de los profesionales en salud a la Ley General del Trabajo.

Aseguró que con el decreto 3091, solamente se irá en contra de la Ley de Autonomías: “El 0.5% de los entes gestores a corto plazo pretende ser utilizado para la implementación de la autoridad de fiscalización y los trabajadores de la seguridad social no lo permitirán”.

Respecto al decreto 3092 afirmó que el sector no se opone a una entidad fiscalizadora de control, pero para los entes gestores a corto plazo, como señala la Constitución Política del Estado (CPE), el servicio público y privada deben funcionar con el financiamiento del Estado.

En el caso de la Ley 922, sostiene que pretende llevar a los asegurados a hospitales generales, sin embargo el sistema de salud no tiene la capacidad para enfrentar aquello, porque se tienen demasiadas deficiencias como la falta de infraestructura, carencia de insumos y falta de los suficientes recursos económicos y humanos.

Para la ejecutiva, la solución a estos problemas es destinar mayor presupuesto a la salud, por lo menos un 10%, incluir a los profesionales en salud a la Ley General del Trabajo y la abrogación de los Decretos para poder construir una nueva norma acorde a la situación del país.

Para la entrega de documento se apersonaron, en el Ministerio de salud, representantes del Consejo Departamental de La Paz (Codelpa), Magisterio Urbano, la Federación de Médicos y Ramas Afines (Fesimra), el sindicato de Ramas Médicas en Salud Pública (Sirmes).

Luego de la entrega del documento y cuando los personeros de esa cartera de Estado se percataron de la protesta optaron por cerrar las puertas de la entidad; sin embargo, había una importante cantidad de personas ajenas al conflicto, quienes esperaban ingresar al Ministerio de Salud para realizar sus trámites respectivos, pero se vieron imposibilitados de cumplir con este propósito.

Mientras, los protestantes coreaban enérgicamente sus peticiones, la unidad de Comunicación del Ministerio de Salud sacó parlantes y con volumen alto puso a difundir propagandas de la entidad. Los movilizados intentaron desconectar el parlante y en esta circunstancia se produjo un pequeño altercado entre el personal del Ministerio de Salud con los protestantes.

En febrero se puso en vigencia la norma que establece la libre afiliación, lo que generó protestas en el sector salud.

Según el director del Instituto Nacional de Gastroenterología, Juan Guerra el Gobierno está “jugando con la salud del pueblo boliviano”, al no priorizar las políticas y el presupuesto en salud, además por la falta de coordinación con el sector. También criticaron la Acción Popular del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, que impide que los afiliados al Colegio Médico puedan realizar protestas.

Por otra parte denunció la intención del Gobierno de dividir a los sindicatos y de querer anular al Colegio Médico de Bolivia. “Somos cuatro Sirmes de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto que hemos desconocido a la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), porque está completamente vendida al Gobierno y no nos representa”, dijo.

Anunció además que como Sirmes serán parte de la marcha del próximo 12 de julio, convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) que en Ampliado Nacional “rechazó” la Acción Popular admitida por la justicia, en contra de ese sector.