Evaluación a postulantes al sistema judicial

Contrariamente a lo que sentía y pensaba la comunidad nacional, el gobierno persiste en su decisión de llevar a cabo elecciones para elegir a los integrantes del Poder Judicial, medida que es contraria, en todos los países, a principios elementales de prudencia, confianza, efectividad para elegir a miembros de tan importante poder del que depende la administración de Justicia. Se continuará con el procedimiento utilizado en octubre de 2011, para que el Parlamento elija, por mayoría de votos (que tiene el partido de gobierno, MAS), a jueces y fiscales.

Conforme a lo programado por el Legislativo, en estos días se hace las evaluaciones de postulantes; la comisión respectiva -a la que se adhirió la representación del sistema universitario- es la encargada de revisar expedientes, hojas de vida y otros detalles que son condiciones imprescindibles; tomarán los exámenes debidos y, conforme a los resultados, elevarán al Poder Legislativo las listas respectivas.

Lo extraño de todo el proyecto de evaluación es que no tomará en cuenta los criterios, preparación y conocimientos de los postulantes mediante la entrega de expedientes de juicios actuales y ver, conforme a lo que consideran razonable, factible, honesto y justo, cómo resolverlos. Este examen mostraría hasta qué punto los postulantes muestran condiciones para juzgar los casos puestos a su consideración, arbitrio y solución. Este es un aspecto importante que, en su caso, deberá ser revisado también por abogados con mucha experiencia y años de servicio, en cuya idoneidad y juicio se pueda confiar.

Otro aspecto digno de ser tomado en cuenta es, innegablemente, la formación y dominio que tengan del idioma español los postulantes; también será preciso que por lo menos entiendan y hablen los idiomas nativos como son el aymara y el quechua porque se entiende que un juez debe tomar contacto, en algún momento, con litigantes para saber cuáles son sus reclamos y planteamientos, aspectos que no siempre toman en cuenta los abogados al redactar un escrito o demanda judicial.

Lo ideal hubiese sido que en la designación de los integrantes del Poder Judicial no intervenga el Poder Legislativo, cuyas decisiones, dada la mayoría parlamentaria que tiene el partido de gobierno, no serán imparciales y serán realizadas conforme a intereses político-partidistas favorables al régimen. Es lamentable que, una vez más, se cometa el grave error de la anterior elección de magistrados que el propio gobierno reconoció como anómala e inútil en sus resultados. La colectividad nacional tiene su criterio muy bien formado y querría que sean rectificados algunos procedimientos para contar con un Poder Judicial que sea confiable, idóneo, honesto, honrado y responsable en la administración de justicia. La verdad es que la actual comisión no cuenta con la confianza ni el apoyo del país porque sus resultados y decisiones estarán acorde con los intereses del gobierno o sea de otro poder del Estado que no debe intervenir en designación tan delicada.