Una ley que divide

La ley 906 de la coca me permite colegir que es otra más de la estrategia política -nada nuevo- “electoral” del MAS, recurrente desde 2006 y agudizada por la “soberbia” del caudillo que equivocado optó por un referéndum el 21f (2016), donde ganó el No con un 51,3 de los votos soberanos, e inhabilitó constitucionalmente a Evo Morales y Álvaro García. La seguidilla de “errores” por su afán de “abrir” la CPE de cualquier modo, los enceguece, al extremo que no advierten sus “errores” que ya es vox populi. Pero el MAS se “aferrará” a la re-postulación (así sea ilegal) de sus -aspirantes- candidatos. Más bien deben superar su encono con las regiones donde han perdido en elecciones secundarias. Por ejemplo se invirtió en El Alto 188 MM de Bs en 7 elefantes blancos (ver la prensa de 18/06/17).

Ahora se presenta la -inconsulta- denominada Ley 906 de la coca que el presidente de las seis federaciones de cocaleros del trópico presentó, denominando a los cocaleros chapareños como el “pueblo”. Dice que la coca del trópico representa la soberanía nacional, y para ello se deroga los Art. 1 al 31 de la Ley 1008 de 19 de julio 1988, del Régimen de la Coca y Sustancias controladas, para “aprobar” 22.000 Has de coca: 14.300 en La Paz y de rebote; 7.700 en el Chapare.

El Art. 384 de la CPE es claro y dice que el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, natural y renovable de la biodiversidad de Bolivia que en su estado natural no es estupefaciente, es decir se refiere a la coca originaria de los Yungas, ¿cuál es el objetivo de las 7.700 Has? 1) privilegiar a los intolerantes, numerosos y estratégicamente dóciles para acciones de choque (recordemos los bloqueos por meses), 2) dividir a los cocaleros yungueños. Ello se notó con el amago de secuestro del ministro César Cocarico, que al socializar el reglamento con los yungueños, generó enfrentamientos –entre yungueños- con heridos y saqueos, por lo que Cocarico tuvo que ser evacuado en helicóptero. Concepción Ortiz, diputada del MAS, connotó que Cocarico buscó “dividir” con los reglamentos de la Ley 906 con un grupo, sin tomar en cuenta a todos los productores yungueños.

Como sea, la Asociación Departamental de Productores de coca de La Paz (Adepcoca) presentó -creyendo, todavía, en la justicia- un recurso de inconstitucionalidad o resolución 008/2017 al TCP que vulnera el Art. 384 de la CPE (la respuesta, lo aseguro, será improcedente). No quepa duda, la Ley 906 pretende dividir a los yungueños, advertida cuando de un 93% de la coca de los yungas que pasa por los puntos de control, el 7% se queda para el acullico. En cambio, el 7% de coca del Chapare pasa por los puntos de control, y el 93% se va al mercado ilegal, netamente al narcotráfico (Justo Zenteno ex presidente de Adepcoca, 30/03/17).

De hecho, la coca yungueña -garantizada en la CPE-debe ser protegida de la coca chapareña, pues éstos últimos lucran con ella, se la desvía (in)conscientemente hacia fines ilícitos, convirtiendo a esos cultivadores en un eslabón de la cadena del narcotráfico (Carta Pastoral de los Obispos N° 61). También la coca debe ser protegida de los que fingen protegerla, que en realidad se sirven (aprovechan) de ella, como un tutor que toma una niña a su cargo para entregarla a la prostitución (Francesco Zaratti, 11/03/17). Se sabe que los chapareños no pijchean su coca, ella se va al narcotráfico. Entonces, estas 7.700 hectáreas dividen a los yungueños.