Gobierno pide suspensión inmediata de jueces y fiscal

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, pidió ayer la suspensión inmediata de los jueces y el fiscal que condenaron a 30 años de cárcel a Reynaldo Ramírez, por el delito de feminicidio, a pesar de que la policía presentó pruebas de su inocencia.

El joven permaneció en el penal de Palmasola por dos años, viviendo de la ayuda de otros internos, mientras su familia luchaba contra el sistema para ser escuchada.

Por su lado, el Ministerio Público terminó de abrir un proceso penal y “suspender” al fiscal institucionalizado, Marcelo Delgadillo, quien acusó a Ramírez, pese a existir pruebas que lo eximían y probaban su inocencia, las cuales no fueron valoradas.

El anuncio fue realizado por el fiscal general en suplencia, Roberto Ramírez, quien mencionó que Delgadillo no puede ser destituido de forma inmediata, debido a que es una fiscal institucionalizado, además que se dispuso la apertura de un proceso a cargo de la Dirección Nacional de Régimen Disciplinario.

JUECES

“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como cabeza de sector, pide al Consejo de la Magistratura, en el día, suspenda a estos jueces y los someta a una investigación”, enfatizó Arce, en conferencia de prensa realizada en la ciudad de Santa Cruz. Los jueces que emitieron la sentencia a un inocente son: Yaneth Mojica y Luis Paz.

El Ministerio consideró que es obligación del Consejo de la Magistratura, ante la contundencia de los hechos y los antecedentes que cursan en el expediente. Pese a ello y ante la gravedad del hecho de haber condenado a una persona inocente y perjudicarla durante más de dos años privándole de su libertad, procede mínimamente a iniciar con la suspensión de estos funcionarios e instruirles un proceso.

Asimismo, apeló al fiscal general, Ramiro Guerrero, para que instruya la suspensión de sus funciones al fiscal del caso, Marcelo Delgadillo, y lo someta también a proceso.

“Esta persona del Ministerio Público no habría actuado con la objetividad que manda la ley para la actuación en este caso”, consideró.

Anunció que continuará con el análisis de este caso y de encontrar indicios de responsabilidad penal, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional iniciará la acción judicial en contra de los responsables de estos hechos.

Ramírez Vale fue sentenciado en 2015 a 30 años de presidio, por los jueces Mojica y Paz, por el supuesto delito de feminicidio de Verónica Menacho Chilo (22), ocurrido el 25 de noviembre de 2014, cuyo cuerpo fue calcinado.

Pese a la sentencia de los jueces, la policía no había cerrado el caso y descubrió que el acusado no participó en el hecho, pues se detectó un error por la apariencia física, similar con el verdadero feminicida.

De acuerdo con el ministro Arce, en el análisis se evidenciaron una serie de contradicciones e irregularidades que empujaron a condenar con la máxima pena a un inocente.

Mencionó que las pruebas periciales demostraron la duda sobre la identidad del autor del feminicidio. Además, se evidenció que Ramírez tenía una coartada perfecta, pues el día del feminicidio estaba en otra población sometiéndose a un tratamiento médico, pero esos hechos no fueron tomados en cuenta ni por el fiscal ni los jueces.

REPOSICIÓN DE DAÑO

El ministro dijo que en el país se vive en un sistema de responsabilidad, donde las personas que sufren un daño injustificado tienen todo el derecho a reclamar el pago de daños y perjuicios.

“La Constitución establece que cualquier responsabilidad o daño que se tenga que reconocer en favor de alguna persona tiene que repetirse en contra de los funcionarios que han violado la norma y han generado esa responsabilidad al Estado”, aseveró.