América ha experimentado, por primera vez, un espectáculo vergonzante en su historia por el feroz ataque a la Asamblea Legislativa venezolana, a cargo de una horda oficialista del régimen de Nicolás Maduro, agravio que afecta al continente en su integridad. Este atentado dejó por lo menos 5 parlamentarios opositores ensangrentados y heridos, así como unos 7 funcionarios camarales, además de agresiones a periodistas y público. Algunos diputados tuvieron que ser trasladados a hospitales después de una larga retención de las ambulancias.
Este atentado violento contra el primer Poder u Órgano representativo de todo Estado republicano, es una baja expresión antidemocrática. En este caso concreto es la repetición, por otros medios, del intento de suprimir la Asamblea Legislativa, ya que hace poco se intentó clausurarla a través de una disposición del Supremo Tribunal de Justicia, sometido a las instrucciones del régimen chavista. Habiendo surgido una fuerte censura internacional por esa medida de corte totalitario, la misma tuvo que ser parcialmente revocada. El referido ataque buscaba llegar al mismo objetivo bajo la apariencia de un brote popular, pero en vista de las características vandálicas del asalto, se identifica como un hecho propio del hampa y no de un acto político.
Es un nuevo testimonio de la autocracia chavista que, para mal de la democracia en América Latina, es el denominador común de los gobiernos populistas autodenominados socialistas del Siglo XXI. Esta tendencia no respeta ni las fechas históricas, cuando vemos que el ataque se produjo precisamente a la sesión legislativa de homenaje al Día de la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela (5 de julio).
La turba, que forma parte de los tristemente célebres “colectivos” chavistas, forzó el portón de ingreso y ganados los jardines irrumpió en el recinto congresal para cumplir el atentado, mientras la guardia militar y policial de la sede se limitó a contemplar el ataque. El presidente Maduro prometió investigar prolijamente los hechos. El grupo portaba piedras, barras de fierro, palos y algunas armas que detonaron a su ingreso. Lo relatado es parte de la tremenda represión a las protestas callejeras en demanda de elecciones inmediatas, que el régimen está respondiendo con cerca de 90 muertos, en su mayoría jóvenes, cientos de heridos y detenidos.
El Mercosur y los gobiernos de Colombia, Panamá, México y Perú, entre otros, han rechazado con energía el inédito suceso y los ex presidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga les han pedido por carta a los presidentes de Colombia y Bolivia que convoquen de urgencia a una reunión de Unasur para pronunciarse al respecto. En cambio, la Asamblea Legislativa de la plaza Murillo apoya con su silencio el atentado contra sus pares venezolanos, en consonancia con el Órgano Ejecutivo que ya prodigó un respaldo “incondicional” a ese gobierno liberticida, aunque su solitaria voz no ha tenido eco en el ámbito continental.
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