Comité de Fronteras debe abordar campos minados

En el Comité de Fronteras de Bolivia y Chile, que se reunirá el 25 de julio en Santa Cruz, debe abordarse también temas relacionados con el minado de campos chilenos vecinos al país, planteó el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en declaraciones a EL DIARIO.

“Tenemos campos minados que no está bien (…) dicen que la reunión (del 25 de julio) es para debatir los problemas de la frontera y los problemas de la frontera (también) son los campos minados que alguna vez (el Gobierno chileno) dijo que había recogido”, declaró.

En ese contexto, informó que la Gobernación de Oruro planteará tocar ese tema en la reunión del Comité de Fronteras. Vásquez subrayó que la seguridad en las fronteras tiene que ver también con el desminado de las minas antipersonales, que fueron sembradas en la década de los 70 en el gobierno de facto del general Augusto Pinochet.

La autoridad aseguró que este factor atenta aún contra la integridad de las personas y de los animales.

“Las personas que viven en la frontera saben y siempre dicen que se debe tener cuidado en ciertas áreas (…) las personas podemos tener cuidado, pero los animales como las llamas, alpacas y vicuñas son los que sufren”, añadió Vásquez.

El Gobernador añadió que estos problemas son frecuentes, principalmente al sur de Pisiga, sitio fronterizo con Chile.

DESMINADO

A fines de noviembre de 2016, la Comisión Nacional de Desminado de Chile informó que presenta un avance del 80 por ciento en la detección y desarme de minas antipersonales en sus fronteras con Perú Bolivia y Argentina.

Según datos oficiales de Chile, hasta la fecha indicada sólo quedaban 35 mil minas antipersonales activas en sus fronteras con los tres países mismas, que fueron colocadas hace décadas ante presunciones de inminentes conflictos armados.

Otro dato del Gobierno chileno señala que sembraron 32.059 minas antipersonales en la zona fronteriza con Bolivia y el proceso de desactivación comenzó en 2005, pero no concluyó todavía.

AMPLIACIÓN

El Gobierno de Chile pidió en abril de 2011 la extensión del plazo inicial de diez años para el desminado, invocación basada en el artículo cinco de la Convención de Ottawa.

Chile argumenta que el trabajo de desminado se realiza “bajo difíciles condiciones geográficas y climáticas, que imponen un ritmo coherente con las medidas de seguridad que deben rodear el peligroso trabajo de los desminadores”.

En ese marco, la Décima Reunión de los Estados Partes extendió el plazo por diez años, para finalizar el desminado hasta el 1 de marzo de 2020, fecha en que los 9.722 explosivos deben ser retirados por Chile.