“Gran lección diplomática” con los policías chilenos

El caso del ingreso ilegal a territorio boliviano de dos policías chilenos reveló que el gabinete del Presidente está dividido y mientras unos ministros opinaron por dar libertad a los detenidos, otros opinaron que debían ser sometidos a la justicia ordinaria, ya que cometieron ostensibles violaciones a las leyes bolivianas. Es más, según el presidente del Senado se trató de cuatro delitos notables en el siguiente orden: incursión en más de siete kilómetros en territorio nacional; resistencia a la autoridad e intento de fuga, contrabando y portación ilegal de armas y remarcó que “ellos sabían perfectamente que estaban en otro territorio” y agregó “El hecho de cruzar la frontera con un vehículo patrullero, sin autorización, sin póliza de importación y eludiendo los otros requisitos, lo califico como contrabando que puede castigarse hasta con 10 años de cárcel”. También destacó que los carabineros “como controlan las fronteras en su coche tenían armas de fuego, algunas de grueso calibre”, delito que se paga con cinco años de privación de libertad.

La división en el gabinete presidencial en el tema de los dos carabineros habría provocado un debate prolongado durante el cual o bien una mayoría votó por devolver a su país a los chilenos y la minoría votó por someter a los infractores a las leyes bolivianas o bien, finalmente, en caso de empate, el Presidente dirimió el asunto y ordenó que los policías no sean sometidos a leyes bolivianas y sean puestos en libertad, decisión que se cumplió de inmediato.

En todo caso, la decisión gubernativa reveló, por un lado, un acto de libre albedrío y, a la vez, una posición legalista, imponiéndose la primera o sea proceder contra la Constitución y las leyes. Así mismo, de forma implícita, se impuso un “principio” según el cual se borra las fronteras y se establece la ciudadanía universal, de acuerdo con la “Declaración de la Conferencia Mundial de los pueblos del mundo sin muros hacia la ciudadanía universal”, aprobada en Tiquipaya el 21 de julio pasado.

Sin embargo, en la misma forma que en el gabinete presidencial hubo división, en la opinión pública se presentaron criterios distintos sobre la forma cómo el primer mandatario resolvió el peliagudo asunto.

Por una parte, unos sectores sociales manifestaron que la decisión presidencial fue de carácter sentimental que, naturalmente, originó elogio individual y de algunos sectores chilenos. Así mismo, fue la forma de arreglar ese tipo de problemas por medio de la “diplomacia de los pueblos” y dar cumplimiento a la Declaración de la Cumbre de Tiquipaya de borrar fronteras y avanzar hacia la ciudadanía universal, doctrina ya aplicada por el presidente Melgarejo en 1866, que originó la Guerra del Pacífico y la pérdida del Litoral en 1879.

En otro sentido, otro sector de la opinión pública criticó la posición emocional y anticonstitucional de liberar a los policías chilenos sin previo juicio y, a la par, se achacó al primer mandatario funciones absolutistas (concentrar todos los poderes en una sola persona), al tener en su puño todos los poderes del Estado. Así, habría ignorado que el caso de los dos policías comprendía varios delitos y que solo el Órgano Judicial podía resolver el caso en forma independiente.

Según esas apreciaciones, en síntesis, el presidente Evo Morales se arrogó funciones que no le competían y así se confirmó que la independencia de poderes está muy venida a menos o no existe. Esa actitud también implicaría la vigencia de la política del libre arbitrio, enunciada en el “meterle nomás” y tirar la papa caliente a los abogados. Finalmente, según la opinión pública, el gobierno boliviano estaría aplicando los “principios” de la Cumbre de Tiiquipaya de borrar las fronteras y proclamar la ciudadanía universal, vale decir que ya no existe la Nación y estamos dejando de ser bolivianos, en aras de la Patria grande. En fin, el tiempo juzgará quién tiene razón.