Contrabando de madera, un delito imparable

La denuncia en sentido de que “contrabandistas peruanos se llevan $us. 26 millones en madera” no es nueva, cifras mayores han sido denunciadas en muchos años y este delito es cometido no solamente por contrabandistas extranjeros sino que, en muchos casos, madereros nacionales irresponsables destruyen bosques para conseguir ricas maderas, con la seguridad de que tanto el mercado nacional como el foráneo siempre comprarán este producto que es apetecido por todos los países.

La explotación de maderas es “negocio seguro e imparable” para quienes no cumplen con las leyes y menos tienen condiciones morales para actuar en los campos de la legalidad, especialmente porque no hay control por parte de las autoridades. El abuso se produce desde hace muchísimas décadas y bien se puede asegurar que ningún gobierno obró con la autoridad y energía necesarias para reprimir esta labor que ha dejado millones de hectáreas empobrecidas por falta de árboles y destinadas, con el tiempo, a ser desérticas porque nadie se preocupa por replantar árboles y menos cuidar los restantes que quedan en bosques, regiones selváticas, cabeceras de valle y valles en general.

Según informe de la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT) “de los 1.407 kilómetros de frontera que compartimos con el Perú, el 70% por ciento es territorio compuesto por bosques de serranía y amazonia, donde hay pocos asentamientos humanos y, en el lado boliviano, no existe infraestructura caminera”. Agrega el informe: “No hay forma de identificar a las empresas, pero son los rescatistas que se internan a los bosques bolivianos y el producto es vendido a intermediarios que lo transportan a los centros urbanos donde es adquirido por los empresarios”.

El informe señala muchos datos precisos sobre esta labor que, generalmente, es realizada por madereros bolivianos que aprovechan la ausencia de vigilancia y controles en las fronteras que debería cubrir Bolivia y que el Perú cumple en mejor forma. El problema radica especialmente en el hecho de que nuestras fronteras están abandonadas y son ricas zonas madereras que están prácticamente a disposición de quien explote este recurso que cuenta con mercado. Mucha madera boliviana es vendida inclusive a compradores chinos que trasladan a su país el producto “rescatado” por madereros y contrabandistas avezados que saben cómo manejar el ilegal negocio con la impunidad necesaria.

El caso del contrabando de madera no es solamente con el Perú sino con los demás países vecinos y es el gobierno el que debería adoptar las medidas más precisas y enérgicas para frenar, o haciendo que efectivos de las fuerzas armadas tengan asentamientos fronterizos y, si fuera posible, se vea la posibilidad de crear núcleos poblacionales con miras a cuidar la riqueza vegetal que poseemos. Descuidar este problema únicamente beneficia a la economía informal, con la garantía de que las autoridades no adoptan las medidas correspondientes, tan solo por comodidad de fuerzas militares, cuya labor debería ser vigilar las zonas fronterizas.