Asambleístas contra el patrimonio de La Paz

El departamento de La Paz ningún aporte recibió para su desarrollo de parte del Gobierno Nacional en ocasión de recordar el 208 aniversario de la Gesta Libertadora del 16 de Julio de 1809 -como ocurre en el interior-, en cambio y por paradoja se arrebata a la Gobernación 18.420 metros cuadrados a título gratuito situados en El Alto, a favor del Ministerio de Obras Públicas. De este modo el patrimonio paceño pierde 38 millones de bolivianos, valor de dicho predio. El Gobierno Central pretende edificar en ese espacio un campo ferial y tal es el argumento en el que se refugia.

La materialización de este hecho tiene contornos raros. El MAS -partido de gobierno- tiene amplia mayoría en la Asamblea Departamental de La Paz para decidir el hecho en cuestión y cuanto apetezca. No obstante, la sanción de la Ley 142 de referencia estuvo rodeada de misterio y sigilo. El día 13 de los corrientes la mayoría masista optó por trasladarse en un bus en horas de la madrugada a la alejada zona alteña Bautista Saavedra, y en la sede vecinal y sin más trámite aprobó la indicada Ley, sin escuchar las reclamaciones de los asambleístas opositores, a quienes echó a viva fuerza del local.

Acto seguido y con la llegada desusada en helicóptero del jefe del Estado, Evo Morales, el presidente de la Asamblea procedió a entregarle la ley de cesión, en el marco de una reunión de vecinos del lugar para recibir el enlosetado de unas 20 cuadras y sin saber que resultarían presenciando lo que la gobernación califica como “despojo”.

Este presente griego ha tenido una discusión de algunos meses y ocasionó actos de protesta y resistencia en el mismo lugar cedido, donde además funcionan unas 18 oficinas de la gobernación, la misma que dio a conocer a través del titular, Félix Patzi, que este nivel del Estado adeuda 13 millones de dólares por la adquisición del predio y que debe encarar la devolución del capital adelantado por el mismo concepto. En resumidas cuentas, La Paz transfiere gratuitamente en su aniversario ese considerable monto al Gobierno Central en medio de la estrechez presupuestaria que sufre, que según estimaciones apenas representa un 0.4% de las inversiones anuales del Estado.

Esta decisión de la mayoría asambleísta configura una urdimbre de triquiñuela y zancadilla para lograr dicha finalidad, que estos métodos la tipifican como contraria a los intereses que un Parlamento, Asamblea o autoridad tienen el deber de preservar y proteger. Si se actúa en sentido contrario -como en el caso señalado- nada bueno debe traer entre manos. Claro que no es el único caso ni será el último de los vericuetos de nuestra política, la que de modo invariable -salvo algunas excepciones- antepone las conveniencias partidarias o un excesivo servilismo en función de ciertos cometidos inconfesables. En la especie que tratamos se ve el afán de perjudicar a un gobernador opositor, arrebatarle un proyecto y entregarlo en bandeja de plata a su rival político.