Sospecha de vulneración de derechos

Legislativo auditará tres procesos penales


Por decisión unánime, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados decidió someter a auditoría jurídica los procesos por el feminicidio de María Isabel Pillco, por la violación agravada cometida por un exdefensor de la Niñez y Adolescencia y por la detención preventiva por 15 años en un caso de robo agravado.

Según la resolución, estos tres procesos se constituirán en casos paradigmáticos y permitirán evaluar cómo se han llevado los procesos, establecer si se cumple la normativa y verificar la actuación de quienes tienen a su cargo la administración de justicia.

La diputada y presidenta de la Comisión, Susana Rivero, explicó según la agencia de noticias ANF, que los tres casos fueron elegidos luego de una amplia discusión y “se determinó ejercer la fiscalización de un caso de feminicidio, otro de violación agravada a una menor de edad y, asimismo, un caso de robo que derivó en la detención preventiva del acusado por más de 14 años”.

Explicó que según los antecedentes de estos procesos “algo no está bien y es necesario verificar cómo se han llevado a cabo los juicios y establecer si hubo o no vulneración de derechos y garantías constitucionales”.

El juicio por el feminicidio de María Isabel Pillco está en fase de apelación luego de que un tribunal de sentencia dictara la absolución de David Viscarra que fue acusado por la Fiscalía. La denuncia por violación agravada al menor contra el exdefensor de la Niñez y Adolescencia de Warnes, Hernán Zegarra Vargas, está en plena investigación y el supuesto agresor cumple detención preventiva en Palmasola. El caso por robo agravado data del año 2004 y, según una investigación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el imputado, Cristian Iraipi Castro, permaneció más de 14 años con detención preventiva.

Rivero señaló que “no se pueden dejar los delitos en la impunidad ni se pueden vulnerar derechos y garantías constitucionales en la búsqueda de justicia”.

Recordó que “el feminicidio se constituye en una de las formas de violencia más extremas contra las mujeres por lo que su sanción debe ceñirse estrictamente a la ley, el caso de violación por un funcionario que debía proteger a niñas y adolescentes es un delito extremo e inaceptable, ambos casos no se comparan con el de robo y no explica cómo una persona estuvo más de 14 años con detención preventiva por robar una cadenita. La justicia está en un serio entredicho”.

La Comisión no se ha fijado un plazo para culminar las auditorías y ha definido que se encarará una investigación técnica en base a la revisión de los expedientes del proceso y de la valoración de las peticiones de informe escrito, no habilitará audiencias para escuchar a las partes.

“En el día se han aprobado las peticiones para defensa pública, fiscalía, policía, jueces, a través de sus máximas autoridades, cabeza de sector correspondiente”, explicó Rivero.

Consultada por ANF, María Galindo, de Mujeres Creando, dijo que esta investigación es un precedente muy importante. Recordó que “la idea de que la Cámara de Diputados realice una auditoría jurídica para frenar la impunidad la planteamos hace un año y la reiteramos cuando logramos la audiencia sobre el Código Penal”.

Detalló que “conocida la absolución del (presunto) feminicida de Pillco, citamos al diputado Manuel Canelas a radio Deseo y se logró el compromiso de que la Comisión realice la auditoría” y añadió que en el caso de la violación a una menor su organización intervino ante la continua obstaculización del proceso.

El proceso por el feminicidio de María Isabel Pillco fue seguido de cerca por varias organizaciones como el Observatorio por la Exigibilidad de Derechos de las Mujeres y #NiUnaMenos Bolivia cuyas activistas fueron amenazadas por el juez a cargo del tribunal de sentencia.

 
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