Con actitud ejemplar que es envidia para muchos países del mundo, la Justicia brasileña, luego de examinar minuciosamente las denuncias de corrupción del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo ha condenado a nueve años y medio de cárcel y la imposibilidad de acceder a cargo público alguno durante 19 años. El hecho ha convulsionado a la población brasileña y ha causado admiración y beneplácito en quienes son testigos de una administración transparente, independiente y libre del poder judicial de muchos países del mundo.
En todo caso, la Justicia brasileña ha mostrado que en los estrados judiciales del Brasil el Poder Judicial aún es independiente del calor y favores de la política partidista; que no hay ni puede haber influencia alguna de ideologías y presiones partidistas para torcer el espíritu de la ley ni violentar la capacidad para juzgar honesta y limpiamente lo que tiene que analizar, juzgar, condenar o absolver.
Las denuncias habidas contra el expresidente han sido contundentes, como muestran las respectivas pruebas. Es interesante cómo se ha tratado el caso y, en su resolución final, la sentencia a 9 años y medio de prisión no es suficiente sino que se tiene en cuenta que la moralidad del inculpado lo inhabilita para postularse a cualquier cargo público en 19 años. Según la información de Brasil, “esta es la primera condena que recibe el exmandatario, quien aún responde en otras cinco causas penales abiertas por la Justicia, la mayoría de ellas relacionadas con el caso Petrobras”; esta información conllevaría la posibilidad de que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea condenado a otras penas cuando esos cargos que pesan contra él sean juzgados.
En el orbe -especialmente en naciones del Cuarto y Tercer Mundo- muy pocas veces la Justicia ha funcionado con la celeridad precisa y necesaria como esta vez y se recuerda, además, el caso de Corea del Sur, donde se ha juzgado y condenado a expresidentes y exfuncionarios públicos por actos de corrupción. Lo ocurrido en Brasil es ejemplar y digno de imitación con ex gobernantes a los que se acusa de corrupción comprobada y que, alejados del poder con libertad y tenencia de mucho dinero, están en la impunidad.
El caso es digno de aplauso porque la Justicia, bien entendida y debidamente aplicada, tiene que llegar fundamentalmente a quienes gozan de la confianza pública, abusan del poder otorgado y cometen todo tipo de tropelías y disponen de manera festinatoria de los dineros y bienes del Estado. Esa sentencia a nueve años y medio de prisión que sufrirá el expresidente brasileño debe ser, además, ejemplo para quienes, ejerciendo el poder público, actúen con la sindéresis, honestidad, honradez y responsabilidad que deben tener en todos sus actos, porque los poderes otorgados en democracia son para servir a sus países y no servirse de ellos.
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