Sindicado en pesquisa solicita ampliar declaración ante juez

Buenos Aires.- El contador argentino Victor Manzanares, detenido por un caso en el que se investiga la presunta conformación de una asociación ilícita para lavar dinero a través de una empresa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, pidió ayer ampliar su declaración ante el juez.

El abogado del detenido, Carlos Beraldi, quien también lo es de la expresidenta, solicitó al juez federal Claudio Bonadio una ampliación de la declaración indagatoria del acusado, quien ya declaró en marzo pasado, informó la agencia estatal de noticias Télam.

La declaración se realizaría una vez Manzanares llegó ayer a los tribunales de Buenos Aires proveniente de Río Gallegos, capital de la sureña provincia de Santa Cruz, donde fue arrestado el pasado lunes.

ASOCIACIÓN ILÍCITA

A Manzanares se le acusa de integrar una asociación ilícita en el marco del caso conocido como “Los Sauces”, por el que Fernández y sus hijos Máximo y Florencia ya están procesados como supuestos líderes de esa asociación, destinada a lavar dinero a través de negocios con empresarios de la obra pública.

El contador, quien fue arrestado por presunta obstrucción a la justicia, fue trasladado esta mañana desde Río Gallegos a la capital argentina para que sea notificado en los tribunales federales de los delitos que se le imputan, y seguidamente continuará internado preventivamente en una cárcel de la provincia bonaerense.

EXPRESIDENTA

Bonadio considera que la ex jefa de Estado, Fernández sobre la que ordenó un millonario embargo, podría haber tomado parte en una “asociación ilícita en calidad de jefe”, el cual concurre “en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito” agravado por ser funcionario público y por “negociaciones incompatibles”.

El caso trata de dilucidar si se usó la empresa Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de parte de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

OBRA PÚBLICA

Baez, quien fue el principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz, bastión kirchnerista, y cercano a Néstor Kirchner desde que fue gobernador de esa provincia (1991-2003), se encuentra en prisión desde hace más de un año, investigado en otro expediente, conocido como “Ruta del dinero K (Kirchner)” por supuesto lavado de activos.

Por el caso el juez ordenó en los últimos meses diversos allanamientos de inmuebles en esa provincia.

Fernández, quien está procesada en otros dos casos -uno por asociación ilícita y otro por perjuicio económico al Estado- ha reiterado en multitud de ocasiones haber cometido los diversos delitos de corrupción que se le imputan, e insiste en que se siente víctima de una persecución. (EFE)