Los vecinos y los gobiernos municipales

La ley de Municipalidades define al Municipio como: “la unidad territorial, política y administrativamente organizada... y con los habitantes... base del ordenamiento territorial...”. En términos sencillos es el espacio geográfico delimitado donde está asentada una población, esta población son los vecinos que son en sus intereses colectivos administrados por un Gobierno Municipal.

De las normas sobre los municipios y de otras superiores como de la Constitución Política del Estado, se infiere que en el municipio existen dos categorías, una los habitantes del municipio o vecinos y otra el Gobierno Municipal. Ahora bien, ¿qué es el gobierno municipal? Este no es sino el administrador del municipio, es decir una entidad autónoma sujeta a normas que administra los intereses colectivos, una suerte de gerente de una empresa, los vecinos son la finalidad social, cultural y política del municipio, es decir que todo lo que está en el ámbito territorial del municipio está destinado al bienestar y desarrollo social de los vecinos.

Hace unos días la joven presidenta del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz, en referencia a los problemas entre líneas de transporte público sobre las rutas, declaró que es la Alcaldía la propietaria de las calles y no los choferes. Sin embargo es bueno aclarar que los propietarios del municipio son los vecinos en su totalidad y no el Gobierno Municipal, que es sólo el administrador, en consecuencia el Municipio es de los vecinos y para los vecinos.

En nuestro municipio paceño o de la ciudad de La Paz, el Gobierno Municipal ha tomado y en algún caso utilizando la fuerza, unos predios deportivos, como en el barrio de San Miguel, lo mismo que en Villa San Antonio, con el argumento de que esos predios son de la Alcaldía, lo que de acuerdo con la doctrina del ordenamiento municipal no es lo correcto, pues los propietarios de esas “canchas” deportivas son los vecinos, y no se puede a los propietarios sustraerles de su propiedad, más aún cuando éstos están en plena posesión, uso y usufructo.

Lo que sucede en nuestra a veces penosa realidad es que al calor del estatismo de corte fascistoide, el gobierno del Estado cree que es el Estado mismo, cuando es sólo el administrador, pues el Estado somos todos los habitantes sin distinciones de ninguna naturaleza y todos los bienes, recursos, políticas, etc., deben estar apuntados al bienestar y desarrollo del pueblo o población.

Igualmente sucede con los gobiernos municipales -por lo menos en buena parte de ellos- que administran los municipios como si fuera cosa propia o de ese ente administrativo que tiene como finalidad servir a la comunidad vecinal, y todas sus acciones, políticas, planes, programas, etc., deben ser para beneficiar a la población asentada en su territorio, es decir los vecinos.

Si bien es cierto que los habitantes del Estado y de los municipios -como de los gobiernos departamentales- mediante el sufragio elegimos a nuestros representantes en las instancias asambleísticas, no es menos cierto que esos elegidos responden más a los intereses de los partidos políticos a los que representan y muy poco a los intereses de la población que los eligió.

La Participación Popular -hoy dejada sin efecto por el gobierno- fue sin duda alguna, uno de los principios socio políticos de mayor presencia y participación del pueblo en las instancias de gobiernos, pues los habitantes, pueblo o vecinos podían acceder a definiciones en la realización de obras y diseño de políticas públicas, que en este tiempo en el gobierno central, dependen de una sola persona -el presidente- y en las otras instancias de la voluntad de gobernadores y alcaldes. En los municipios la voluntad popular vecinal es mínima, pues sólo interviene en la definición de los POAS barriales, muy esmirriados.

En estos tiempos del Siglo XXI, cuando parecía que la vida de las sociedades organizadas en Estados sería de “menos Estado y más participación”, al calor de algunos herederos de Hitler y Stalin, se han instaurado regímenes opresivos a las libertades ciudadanas, por lo que debemos impulsar una vigorosa corriente de defensa de las libertades y derechos ciudadanos que hacen a la República Democrática.

El autor es abogado y politólogo.