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El Juicio del Siglo debe reiniciar audiencias mañana lunes, tras la interrupción abrupta de hace dos semanas cuando una de las jueces anunció que dejaba las sesiones para atender un llamado mayor y presenciar el desfile escolar del aniversario de La Paz en el que sus dos hijos, como reconocimiento al desempeño en sus estudios, eran abanderados. No podía no asistir, dijo, pues los tenía semiabandonados desde que se incorporó al juicio oral hace más de cuatro años, sin haber conocido los alcances del proceso que debía durar, según le aseguraron, un máximo de tres. En esas circunstancias, advirtió, la responsabilidad con sus hijos era superior a cualquier otra.
Fue la primera vez que en público se habló de la duración máxima que habría tenido el juicio. Tampoco estuvo claro de quién partió la afirmación de que no duraría más de tres años.
Las sesiones orales se realizan en Santa Cruz y la decisión de la juez Sonia Mamani reiteró la precariedad del mayor juicio penal de la historia boliviana, cuyo origen remoto es el asalto policial al Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, la muerte cruel de tres huéspedes y el arresto y exilio de decenas de personas, casi todas personalidades cruceñas. La acusación principal es un supuesto complot para desmembrar al país tras rendir al ejército nacional. En la vanguardia de esa conspiración gigantesca, de acuerdo con la tesis del ahora ex fiscal Marcelo Soza, fugitivo en Brasil, estaría el general Gary Prado Salmón, general ahora retirado a quien el congreso declaró Héroe Nacional en 1988 por sus convicciones democráticas y su victoria sobre la insurgencia guerrillera de hace medio siglo, que comandaba Ernesto Che Guevara.
A su separación del proceso dictada en septiembre, han seguido las de otros: el ex presidente de COTAS Ronald Castedo y el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Mucho antes había sido separado el general retirado Lucio Añez, otro militar de credenciales democráticas (fue fundamental en la caída de la dictadura del general Luis García Meza, en 1981).
La salida de la juez Sonia Mamani habría sido el colapso de todo el proceso en curso. Los jueces ciudadanos -solo dos desde el principio, pues un tercero nunca llegó a ser juramentado- habrían quedado en minoría frente a los dos jueces técnicos, situación contraria a las normas vigentes.
Con la inminencia de un derrumbe, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández se vio contra las cuerdas y no tuvo otra opción que dictar una salida para el marginamiento de la juez sin llegar a una ruptura: suspender las audiencias hasta el 24 de julio. Los propios fiscales acusadores se empeñaron en evitar un desenlace fatal para el juicio y recordaron que al final del proceso, con la emisión de sentencias, los jueces serían recompensados por su trabajo. No hubo una cuantificación de la eventual recompensa.
Si la salida de la juez no ha tenido mayores consecuencias y si las expresiones ocurridas en la última sesión han sido restañadas, será visto a partir del reinicio de las audiencias.
En la sesión de la semana antepasada, Fernández fue increpado por la juez, quien dijo que el presidente del tribunal la había acusado de dilatar las audiencias, pero que quien dilataba más era el propio Fernández.
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