Elecciones judiciales
• Se prevé que el Sistema Universitario realice al menos 360 preguntas para la evaluación • El 50 por ciento de los postulantes son funcionarios públicos afines al Gobierno entre ellos el actual Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y un periodista del periódico estatal Cambio
Para la segunda etapa del proceso de preselección de candidatos para el Órgano Judicial, la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa implementará filtros de control para las preguntas del examen escrito, con el fin de evitar preguntas como las que fueron cuestionadas en la evaluación para el Consejo de La Magistratura y el Tribunal Agroambiental.
“No se dejará que se realicen preguntas absurdas. Se pasó una nota a la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Susana Rivero, para que la noche antes del examen escrito se realice un control de calidad a las preguntas para no pasar la vergüenza que se pasó en el anterior proceso”, explicó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría.
En el examen a los postulantes al Tribunal Agroambiental (TA) y al Consejo de la Magistratura (CM) se presentaron al menos cinco preguntas que fueron cuestionados por asambleístas de la oposición y del oficialismo puesto que no estaban al nivel de una evaluación a altas autoridades del Órgano Judicial.
PREGUNTAS
En ese marco, la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, coincidió con esta postura de realizar un control a las preguntas que ingresen al examen escrito para los postulantes de ambos tribunales.
En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, confirmó que el Sistema Universitario solo realizará un banco de 360 preguntas, de la cual se sortearán 120 para la evaluación, que se prevé realizar el 18 de agosto, conforme al cronograma de la Asamblea Legislativa.
“Se encomendó al Sistema Universitario la realización de las preguntas para el examen escrito, en este caso son 360 interrogantes para ambas instancias y de esas se sortearán 120”, informó Gonzales.
La autoridad agregó que “existe cierta inquietud por parte de las universidades por la crítica que se generaron a un pequeño número de preguntas porque no reunían el rigor académico para los postulantes a altas autoridades al Órgano Judicial”.
CUESTIONADAS
Una de las preguntas que fue objeto de crítica, decía: “Ante hechos indudables de corrupción, el servidor público deberá: a) Denunciarlos b) Fomentarlos c) No tomarlos en cuenta d) Ninguna de las anteriores”.
En las preguntas generales del examen, una de ellas estaba referida al ejercicio de la abogacía: “El cambio de patrocinio en una causa, debe ser otorgado por: a) El cliente interesado b) El Colegio de Abogados c) El abogado renunciante d) El juez que conoce la causa”.
ENTREVISTA
Otra de las observaciones que se hizo es que las preguntas para la evaluación fueron realizadas solo por los asambleístas del MAS, sobre este punto, Santamaría indicó que la oposición debe participar de la elaboración de las mismas, al igual, serán sometidas a un control para evitar cualquier tipo de irregularidades durante el desarrollo.
POSTULANTES
Al momento existen 229 inscritos habilitados en la primera convocatoria, de los cuales el 50 por ciento son funcionarios pertenecientes al Órgano Judicial, Consejo de la Magistratura, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia, incluso hay un periodista del medio estatal escrito Cambio que presentó su candidatura y está habilitado.
En el caso de La Paz, existen dos ex representantes departamentales del Tribunal de Justicia, Ivan Campero Villalba y Juan Carlos Berrios Alvizú; además de dos funcionarios del Ministerio de Justicia, Hugo Daniel Mogrovejo Martinez y Rodrigo Calcina Quisbert.
Según los datos obtenidos de la Declaración Jurada de los postulantes en la Contraloría General del Estado, el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, también es aspirante para la misma instancia.
En el departamento de Chuquisaca el panorama es el mismo, al menos 9 de los 28 postulantes, son funcionarios del TSJ y la Fiscalía General del Estado.
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