Caminata de pueblos mojeños por reivindicación de territorios

San Ignacio de Mojos.- El pasado 5 de julio entre los pueblos mojeños (ignaciano y trinitario) movima, yuracaré y chimán resurgió la misión de salir “en busca de la Loma Santa”, una creencia mitológica que los ha unido por varias generaciones y que nuevamente emergió a través de lo que ellos han denominado ‘Caminata de reafirmación de nuestro derecho histórico sobre el área del Bosque de los chimanes’, una marcha simbólica que protagonizaron más los indígenas. 

¿Qué diría si un día le tocan la puerta de su casa y le notifican que debe abandonarla porque usted y su familia no aportan en nada para la mantención económica de la comunidad en la que vive? ¿Acaso no sería una idea descabellada pensar que a esa gente no le importa que el domicilio es de su propiedad y que pese a ello pretendan desalojarlo porque consideran que otra familia podría darle un mejor uso (comercial, agrícola, económica) y generar un movimiento que beneficie a la colectividad?

Estas son algunas consultas que por poco lógicas que suenen muestran un buen resumen del problema por el que actualmente pasan los pueblos indígenas que coexisten en los territorios de la provincia beniana de San Ignacio de Moxos, al noroeste del país.

“Estamos preocupados porque nos enteramos que nuestras tierras, reconocidas por el Decreto Supremo 22611 de 1991, norma que fue resultado de una lucha a través de la Primera Marcha por la Vida y el Territorio de 1990, corren peligro porque el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) ha levantado un informe sobre ese territorio y las llamó tierras fiscales (a través de la Resolución Administrativa RA-SSNNo 0530 del 30 de junio de 2010); por eso que como dirigencia nos movilizamos junto a los hermanos de la TCO (Tierras Comunitaria de Origen) Movima y del TICH (Territorio Indígena Chimán)”, señaló el presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Bernardo Muiba, tras la conclusión de la caravana de 14 días de duración (del 5 al 18 de julio).

Durante el simbólico acto del inicio de la marcha, el presidente de la Central de Pueblos Etnicos Mojeños-Beni (CPEM-B), Adhemar Mole, dio un emotivo discurso en el que fundamentó de la mejor manera la indignación que los pueblos indígenas sentían por esta compleja situación porque lo que es catalogado como “tierras ociosas o sin funcionalidad aparente” para el Gobierno, tiene un rol vital para la supervivencia de los pueblos que habitan dichos territorios.

“El Bosque Chimán es algo irrenunciable para el pueblo mojeño (…) la gente de estos lados siempre ha tenido en la mente que tuvo una Loma Santa, donde va a tener un territorio donde vivir sin que nadie lo moleste. Un lugar sagrado donde solo el pueblo puede habitar, donde tiene alimento, agua y que no necesita mucho más. Hoy las políticas extractivistas y consumistas del Estado están en contra de los intereses de los pueblos indígenas”, señaló.

SE REPITE LA HISTORIA

Tal como ocurrió en 1985, en la actualidad un “tercero” sería favorecido con la dotación de tierras aptas para la explotación de sus recursos. Así lo explica Ismael Guzmán, técnico por 20 años del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) acantonado en San Ignacio de Mojos y que hace un resumen histórico y compara la emergencia indígena que se generó en la década del 80 frente al despojo de sus tierras y la misma situación que se vive actualmente con el movimiento indígena de esta región amazónica.

“Esta área entre las provincias de Mojos, Yacuma y Ballivián, ubicados al sudoeste del Beni, es un territorio que fue uno los más ricos en recursos maderables. Maderas finas como la mara y el cedro despertaron el interés de empresas madereras. En el Estado, a nivel regional, se generó grandes expectativas, pero también en esta área habitaban poblaciones con mayor solidez en lo que se refiere a población y organización como lo son el pueblo chimán, los mojeños y los movimas”, dijo.

La organización armónica de dichos pueblos llegó a imponerse con un modelo de ocupación de sus territorios. Sin embargo, el deseo de explotación de la madera llevó a la creación del denominado “Bosque Chimán” en 1978, el que “estaba sujeto a la realización de un estudio para reconocer el potencial económico de esta área”.

“En 1985 se empieza con un proceso de aprovechamiento de estas áreas de un modo intenso con la presencia de empresas madereras. Esto genera algunos conflictos internos en el ámbito jurídico con el Estado, ya que había un decreto donde se prohibía dicho aprovechamiento hasta poder establecer estudios más adecuados y serios para realizar una explotación sostenible e incluso se habla de un modelo que pueda ser referencial en el país”, agregó.

Ese año se activa la emergencia de los pueblos mojeños que, con una solidez más evidente en su organización territorial, se incluyen en el debate, comienzan a presionar y mostrar resistencia exigiendo respeto a sus territorios.

“Esto genera una intervención directa por parte del Estado, especialmente a nivel regional. Se establece que no se va aprovechar el área, pero a pesar de ello se dan permisos de tala de árboles por lo menos una vez al año. Esto desemboca en la primera marcha indígena ocurrida en 1990 por el territorio y la dignidad”, cuenta Guzmán.

La movilización hizo que se planteen negociaciones entre indígenas y Gobierno, diálogo del que emergió el Decreto Supremo 22611, del 24 de septiembre de 1990, con el que se definió el área del Bosque Chimán en cuyo interior se crean dos territorios indígenas: uno para el pueblo chimán (TICH) y otro para los pueblos mojeño, movima y yuracaré (TIM).

“Se define que hay un área de reserva: la Estación Biológica del Beni y se establece otra área para el aprovechamiento de la madera, un territorio bastante significativo porque estamos hablando de un área de 1.2 millones de hectáreas. De toda esa superficie un poco más de 14.000 hectáreas son definidas para el aprovechamiento forestal de carácter empresarial”, añadió.

La duración de la concesión, en el caso de empresas madereras grandes, sería de 20 años a partir de 1991 y teóricamente ya venció el 2011, por lo que los espacios otorgados debían ser restituidos según el acuerdo, sin embargo, no fue así y tras 27 años de la marcha de 1990 la emergencia nuevamente se reactiva. (ANF)