Bolivia tiene más reclusas que en otros países

El sistema de Naciones Unidas en Bolivia informó que según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario de Bolivia, hasta junio de 2017 más de 1.300 mujeres estaban privadas de libertad, constituyendo el 7,9 por ciento del total de personas recluidas a nivel nacional.

“Esta cifra es mayor al promedio latinoamericano, lo cual significa que en Bolivia se encarcela más a las mujeres que en otros países de la región”, indica un comunicado.

Estas mujeres están privadas de libertad principalmente por delitos menores, no violentos y de baja relevancia social, como microtráfico de drogas, robos y hurtos. La mayoría de las mujeres que se encuentran en las cárceles de Bolivia no representan un peligro significativo para la sociedad y podrían cumplir su sentencia en libertad. Del total de las privadas de libertad, el 38 por ciento está recluido por delitos relacionados con drogas, el 28 por ciento por delitos contra la propiedad.

El 70 por ciento de las mujeres privadas de libertad está a la espera de un juicio y no cuenta con sentencia judicial. Cuando la mujer procesada es pobre y no puede certificar trabajo formal, vivienda propia y/o respaldo económico para el pago de una fianza, la autoridad judicial tiende a considerar que ella podría darse a la fuga para evadir la justicia, razón por la cual se dicta la detención preventiva.

El 90 por ciento de las privadas de liberta no tenía un trabajo estable al momento de entrar a la cárcel, el 48 por ciento tenían ingresos inferiores al salario mínimo antes de ingresar a la cárcel y el 77 por ciento solo concluyó la educación primaria o secundaria.

Ante esta situación, Naciones Unidas insta al Estado a implementar políticas con enfoque de género en beneficio de las personas privadas de libertad, que consideren las necesidades, requerimientos y circunstancias específicas de las mujeres privadas de libertad, garantizando de esta manera el cumplimiento de sus derechos humanos.

También recomienda considerar acciones para reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante la justicia penal: introducir un sistema más balanceado de penas que tome en cuenta la gravedad del delito en línea con el principio de proporcionalidad; promover medidas sustitutivas a la detención preventiva mediante una apreciación objetiva de los riesgos procesales; promover que los operadores judiciales hagan uso de su poder de discrecionalidad para mitigar las medidas privativas de libertad en función a criterios de género; así como mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y fortalecer los programas dirigidos a esta población.