Una de tantas actuaciones confusas

Antonio da Silva Costa, súbdito brasileño, beneficiado con detención domiciliaria dentro de un proceso por lesiones graves contra un policía, encabezó el asalto a la joyería Eurochronos de Santa Cruz. Prácticamente liberado el 23 de junio, a los pocos días ejecutó junto a otros tres delincuentes el hecho en el que perdieron la vida 4 personas y hay heridos de gravedad.

El juez 6º Cautelar de La Paz, Fernando Rivadeneira, autor del beneficio a favor de da Silva, confronta al presente 4 juicios de tipo penal por su irregular actuación. El caso es uno más de la inagotable historia de mala administración de Justicia que junto a otras figuras lindantes en lo delictivo empaña a jueces y magistrados, se trata de uno de los problemas más agudos que pesan contra la población nacional.

El caso en cuestión se inicia en la localidad de Guayaramerín (Beni), sin embargo el imputado guardaba detención en Chonchocoro, sin que se encuentre explicación de por qué un juez de La Paz dispuso el cese de la detención y el indicado beneficio. Salta a la vista que se trata de dos e inclusive 3 jurisdicciones distintas. Por otra parte, el actual Juez del Tribunal 1º Anticorrupción de La Paz, Iván Perales, defendió como abogado a da Silva, el mismo que niega dicha actuación y acaba de querellarse contra Rivadeneira por “injurias”.

Esta compleja situación una vez más desmerece en gran medida el correcto desenvolvimiento de la estructura del Órgano Judicial, en ausencia de niveles de control y supervisión para la observancia de la jurisdicción que compete a jueces y magistrados. Cómo un juez paceño puede asumir el conocimiento de un caso de otro distrito sin que exista resolución declinatoria de jurisdicción, tal como ha sucedido en la materia comentada. El delito de prevaricato se haría evidente.

El operador de justicia ahora procesado alega la ausencia de fiscal en la audiencia que, en su concepto, le obligó a dictar la medida de detención domiciliaria. ¿Un ciudadano foráneo cumplía con los requisitos de domicilio conocido, trabajo y familia, como exige la ley para ser acreedor del beneficio? Por su parte, el Ministerio Público incurrió en una serie de omisiones y, entre otras, de abandono del caso, brillando por su ausencia. No obstante, no está identificado el fiscal responsable y el Fiscal de Distrito abre, a su vez, querella contra Rivadeneira. Manida táctica judicial de tomar delantera.